Dentro de las reformas sociales del gobierno también se contempla al sector educativo. El gobierno ha redactado dos proyectos de ley; uno para hacer de la educación un derecho fundamental, y otro para fortalecer la educación universitaria, estos proyectos comprometen nuevos recursos del Estado, sin establecer cambios drásticos a la estructura del sector. La reforma cuenta con el visto bueno de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). En reunión con la ministra de educación, se acordó la necesidad de reducir el analfabetismo y fortalecer la infraestructura educativa, especialmente para los niños afectados por la pandemia. La colaboración entre el gobierno, el sector privado y la cooperación internacional se presenta como fundamental para enfrentarlos desafíos educativos y avanzar hacia una sociedad más equitativa.