Abogado, economista, académico, legislador, político y formador de generaciones, Roberto Camacho Weverberg entendió la vida pública como una responsabilidad seria y profundamente humana, más que como un espacio de protagonismo. Creía que la política no se justifica por el poder que acumula, sino por el sentido que le da al rumbo de una sociedad. Por eso repetía con convicción que “el pueblo es el dueño de este país”, una idea sencilla que resumía su forma de entender la democracia y el Estado. Para Roberto Camacho, la legitimidad de todo gobierno nacía de la voluntad popular, pero nunca desligada de los límites de la ley y de la Constitución. La democracia, afirmaba, no era solo contar votos, sino respetar reglas, instituciones y principios. Las políticas públicas podían ser muchas y diversas, pero la política —decía— era una sola: el rumbo que los ciudadanos eligen para su nación. Esa definición no era teoría; era vocación. A lo largo de su vida pública, sostuvo que el progreso de un país no depende de promesas grandilocuentes ni de rupturas improvisadas, sino del diseño serio del Estado y de la capacidad de pensar más allá de la coyuntura. En un país proclive a los atajos, defendió la gradualidad, la técnica y el largo plazo como virtudes políticas indispensables. Desde el Congreso y desde la academia, fue un convencido de que la estabilidad democrática no se logra enfrentando permanentemente al país consigo mismo, sino ordenando el conflicto, fortaleciendo los partidos y dotando al sistema político de reglas que premiaran la coherencia, la disciplina y la responsabilidad. Su participación en reformas estructurales del sistema político colombiano partía de una idea: sin instituciones previsibles, la democracia se vacía de contenido.