Afganistán, ese país del Gran Medio Oriente que acaparó nuestra atención en 2021 con el regreso de los talibanes al poder, parece haber caído en el olvido, y con él, las devastadoras consecuencias para su población.
Tras cinco años de régimen, las restricciones no solo persisten, sino que se han recrudecido, asfixiando cada vez más a los ciudadanos. Más allá de si estas leyes se aceptan o no bajo un marco cultural, este es un llamado en pleno siglo XXI a rechazar prácticas que vulneran la dignidad de una parte considerable de la población mundial.
Durante los últimos días, el debate público se ha centrado en el mundo islámico, específicamente en la región del Gran Medio Oriente. Se ha discutido sobre guerras y conflictos motivados por el control territorial, marítimo, de recursos naturales e incluso por motivos religiosos. Sin embargo, hoy quiero poner el foco en un país que, aunque fue tendencia global hace un par de años, ha perdido relevancia en la agenda mediática: Afganistán. Bajo el régimen talibán, esta nación ha implementado normativas que representan un retroceso sin precedentes en los derechos de la mujer.
Recientemente, el régimen ha formalizado un nuevo código penal que prácticamente legaliza la violencia de género y la esclavitud, otorgando, en la práctica, más derechos a los animales que a las mujeres. Este marco legal evidencia que los talibanes consideran a la mujer una propiedad del hombre, sujeta a una “disciplina” basada en la agresión física. El código permite golpear a las mujeres siempre que no se produzcan moretones, cortes o fracturas, y extiende esta permisividad hacia los niños. En caso de que las lesiones en la cónyuge sean visibles, un juez podría sentenciar al agresor a apenas 15 días de prisión.
Por otra parte, este código penal fragmenta la sociedad afgana en cuatro categorías: los clérigos, la élite, la clase media y la clase baja. Bajo este sistema, el castigo no se determina por la gravedad del delito, sino por la posición social del acusado. Mientras que las clases favorecidas pueden recibir una simple advertencia, las clases bajas son sometidas a castigos físicos por la misma falta. Además, cualquier oposición a estas normas se interpreta como un rechazo a la sharía, lo cual constituye un delito religioso grave.
El retorno de los talibanes al poder en 2021 no es solo un retroceso local; es una alerta roja sobre la violación sistemática de los derechos humanos en pleno siglo XXI.
Si bien Occidente debe respetar la diversidad cultural, existen leyes que vulneran principios universales de tal forma que deben ser reprendidas y rechazadas por la comunidad internacional. Es preocupante el silencio, no solo de los gobiernos, sino de las organizaciones internacionales. Estos actores, encargados de garantizar la protección ciudadana, deben salir de su zona de confort y actuar en países como Afganistán, donde mujeres y niños sufren las consecuencias de un régimen que aplica leyes abolidas en Occidente hace siglos.
Con esta columna, busco generar un rechazo firme ante un retroceso que el mundo parece haber olvidado debido a otras crisis actuales. Lo que ocurre en Afganistán va más allá del nuevo código penal: incluye la prohibición de la educación para las niñas y la “ley del silencio” de 2024, que busca borrar la voz femenina del espacio público. Este es un llamado a proteger los derechos humanos y de la mujer en todo el mundo; un recordatorio de que no podemos abandonar a poblaciones enteras porque la política internacional haya decidido mirar hacia otro lado.
