El Putumayo se ha consolidado en los últimos años como uno de los escenarios más críticos para la seguridad nacional y regional. Debido a la histórica presencia de cultivos de coca se suma el auge de la minería ilegal de oro, configurando una convergencia de economías ilícitas que potencia los ingresos de los grupos armados organizados y erosiona tanto los ecosistemas amazónicos como la cohesión social de las comunidades locales.
De acuerdo con el Centro de Estudios de Seguridad y Drogas (CESED), el departamento registró un 77% de incremento en cultivos de coca entre 2021 y 2022, consolidando su papel como enclave productivo en el sur del país. Al mismo tiempo, en el 30,8% de sus municipios coexisten coca y minería de oro, lo que muestra cómo las estructuras ilegales han diversificado sus fuentes de financiamiento. En este escenario, las disidencias de las FARC, el ELN y otras facciones armadas no solo mantienen el control sobre corredores estratégicos hacia Ecuador, Perú y Brasil, sino que también han consolidado sistemas de tributación ilegal sobre campesinos, mineros artesanales y ganaderos.
El narcotráfico continúa siendo altamente rentable; un kilo de clorhidrato de cocaína alcanza precios de USD $32.000 en Estados Unidos, USD $62.000 en Europa y hasta USD $165.000 en Oceanía, mientras que en Colombia su valor es de apenas USD $1.375 por kilo. Esta diferencia explica la persistencia de los cultivos, pese a los riesgos asociados. La minería ilegal, por su parte, cumple un papel distinto pero complementario: el oro se convierte en un vehículo de lavado de activos, ya que puede insertarse en circuitos legales mediante compraventas y refinerías, lo que permite a los grupos armados transformar ganancias ilícitas en capital aparentemente legítimo.
Las consecuencias ambientales de ambas economías ilícitas son diferenciadas pero igualmente severas. El auge de la coca entre 2014 y 2019 generó un 302% de aumento en pasturas y un 104% de incremento en deforestación amazónica, transformando los bosques en terrenos dedicados a la ganadería extensiva. La minería ilegal, en cambio, se asocia más directamente con la contaminación hídrica por mercurio, afectando la calidad del agua y reduciendo la disponibilidad de recursos pesqueros de los que dependen comunidades ribereñas. Ambas actividades han transformado de manera estructural el uso del suelo y han incrementado la presión sobre un ecosistema de importancia global.
“El futuro del Putumayo dependerá de la capacidad del Estado para combinar seguridad, economía y medio ambiente en una misma estrategia, y no tratarlos como problemas aislados.”
La respuesta del Estado ha enfrentado limitaciones significativas. La aspersión aérea con glifosato deterioró los suelos, volviéndose inútiles para cultivos durante años y facilitando la expansión de la ganadería extensiva. El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos (PNIS), diseñado para ofrecer alternativas económicas, produjo efectos contrarios en algunos municipios, donde se incentivó la siembra de coca con el fin de acceder a subsidios. En el ámbito minero, entre 21% y 29% de la explotación aluvial entre 2019 y 2022 contó con permisos técnicos y ambientales, lo que significa que más del 70% operó en la ilegalidad, evidenciando la dificultad institucional para regular el sector.
El impacto social también es profundo. Tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, el vacío dejado por las FARC fue ocupado por una multiplicidad de actores ilegales que no reprodujeron los códigos de control social de la antigua guerrilla, sino que instauraron reglas económicas basadas en cobros extorsivos a todas las actividades locales. Esto debilitó la gobernanza comunitaria, aumentó la fragmentación del poder y sometió a las comunidades a una lógica de dependencia frente a estructuras armadas que reemplazan al Estado en la regulación de la vida cotidiana.
Frente a este panorama, cualquier estrategia debe trascender los enfoques exclusivamente militares o de erradicación y orientarse hacia una respuesta integral. Ello implica fortalecer la trazabilidad del oro y las investigaciones financieras para atacar las redes de lavado que lo utilizan como fachada del narcotráfico, incrementar la cooperación binacional con Ecuador y Perú para vigilar corredores transfronterizos y consolidar una presencia territorial estable de la fuerza pública. Al mismo tiempo, se requiere impulsar proyectos de agroforestería, cadenas de valor sostenibles y pagos por servicios ambientales que ofrezcan ingresos competitivos frente a la coca y el oro ilegal, con énfasis en la participación activa de comunidades campesinas e indígenas. Finalmente, estas medidas deben complementarse con políticas que integren la restauración de suelos degradados, la descontaminación de ríos y la protección de la biodiversidad amazónica, garantizando que las comunidades locales sean aliadas en la planeación y ejecución de programas.
