La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026 constituye un hecho sin precedentes recientes en la política latinoamericana y ha reactivado un debate central del derecho y las relaciones internacionales: los límites de la soberanía estatal, la legitimidad de los gobiernos y el alcance de la acción internacional frente a crisis humanitarias prolongadas. No obstante, más allá de su dimensión jurídica y humanitaria, el episodio debe ser leído también como un acontecimiento de alto impacto geopolítico, inserto en las dinámicas contemporáneas de competencia entre potencias y reconfiguración del orden internacional.
Más allá de las posiciones ideológicas, el caso venezolano obliga a revisar tensiones estructurales del sistema internacional entre el principio de no intervención, la protección de los derechos humanos y la capacidad real de las instituciones multilaterales para responder a situaciones de colapso institucional y violencia estatal. Estas tensiones se ven amplificadas en un contexto global caracterizado por la erosión del multilateralismo liberal, el debilitamiento de los consensos normativos y el retorno de prácticas unilaterales como herramientas de proyección de poder.
Desde el punto de vista jurídico, la captura de Nicolás Maduro se fundamenta en los cargos formulados previamente por autoridades judiciales de Estados Unidos, que incluyen delitos asociados al narcotráfico internacional, conspiración para el tráfico de estupefacientes, apoyo material a organizaciones consideradas terroristas y participación en redes de criminalidad transnacional. Estas imputaciones, presentadas en cortes federales estadounidenses desde 2020, se inscriben en una estrategia de judicialización extraterritorial que combina instrumentos penales con objetivos de seguridad hemisférica. Más allá del debate sobre su validez desde la óptica del derecho internacional, los cargos reflejan una lectura geopolítica del caso venezolano, en la que el régimen es caracterizado no sólo como un gobierno ilegítimo o autoritario, sino como un actor estatal involucrado en dinámicas ilícitas con impactos directos sobre la seguridad regional y los intereses estratégicos de Estados Unidos.
Uno de los elementos centrales del debate es la legitimidad del gobierno venezolano. Las elecciones presidenciales de 2018 fueron ampliamente cuestionadas por organismos regionales e internacionales, y el posterior proceso electoral de 2024 no logró revertir la falta de reconocimiento pleno por parte de un amplio grupo de Estados. Esta situación no solo tuvo implicaciones jurídicas, sino que convirtió a Venezuela en un espacio de disputa geopolítica, donde el reconocimiento o desconocimiento del gobierno se alineó con intereses estratégicos más amplios.
En el sistema internacional, el reconocimiento de gobiernos determina quién representa legítimamente al Estado en foros multilaterales, quién puede firmar tratados y quién ejerce la voz oficial del país en la diplomacia internacional. Cuando este reconocimiento se fragmenta, como ocurrió con Venezuela desde 2019, se debilita la claridad sobre la titularidad legítima del poder estatal y se abren márgenes de maniobra para actores externos. En este escenario, Venezuela pasó de ser un caso de crisis política interna a convertirse en un nodo de confrontación indirecta entre Estados Unidos y potencias como Rusia, China e Irán, que mantuvieron vínculos estratégicos, energéticos y de seguridad con el régimen.
No obstante, desde el punto de vista del derecho internacional clásico, la falta de reconocimiento no elimina automáticamente la soberanía del Estado ni justifica por sí sola acciones coercitivas externas. Esta ambigüedad jurídica ha sido históricamente aprovechada en escenarios donde los criterios normativos se entrelazan con cálculos de poder, como ocurrió durante la Guerra Fría y, más recientemente, en conflictos donde la legalidad internacional se ve tensionada por consideraciones de seguridad y estabilidad regional.
A la crisis de legitimidad política se suman los señalamientos sistemáticos de violaciones graves de derechos humanos. Informes de mecanismos de Naciones Unidas y de organizaciones internacionales han documentado ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y persecución política, así como el desplazamiento forzado de millones de personas hacia países vecinos. Esta dimensión humanitaria, además de su gravedad intrínseca, ha tenido efectos geopolíticos directos al presionar a los Estados receptores de migrantes, alterar equilibrios sociales y económicos y convertirse en un factor de inestabilidad regional.
Asimismo, las acusaciones de vínculos entre sectores del Estado venezolano y redes de criminalidad transnacional especialmente en economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando reforzaron la narrativa de que Venezuela no solo representaba una crisis interna, sino un riesgo para la seguridad regional y hemisférica. Este tipo de caracterización ha sido clave para justificar enfoques que combinan argumentos humanitarios, de seguridad y de lucha contra el crimen organizado, ampliando el margen de acción de actores externos.
Estas dinámicas tensionan el principio de no intervención, pues los impactos humanitarios, migratorios y de seguridad superan el ámbito estrictamente doméstico. En contextos de competencia estratégica, este tipo de crisis suele ser reinterpretado no solo como un problema normativo, sino como una oportunidad para redefinir equilibrios de poder y enviar señales a aliados y adversarios sobre los límites de la tolerancia internacional frente a determinados comportamientos estatales.
Frente a crisis de este tipo, la comunidad internacional ha desarrollado el principio de la Responsabilidad de Proteger (R2P), adoptado por la ONU en 2005. Sin embargo, su aplicación práctica ha sido altamente controvertida, especialmente cuando el Consejo de Seguridad se encuentra paralizado por vetos cruzados y rivalidades geopolíticas. En estos escenarios, la incapacidad de las grandes potencias para alcanzar consensos mínimos ha incentivado respuestas unilaterales o coaliciones ad hoc, que operan al margen del marco multilateral formal.
La historia reciente ofrece precedentes de intervenciones sin autorización explícita del Consejo de Seguridad, como Kosovo en 1999, que posteriormente fueron interpretadas como respuestas excepcionales ante crisis graves. No obstante, estos precedentes también han sido criticados por abrir la puerta a interpretaciones flexibles del derecho internacional, utilizadas de manera selectiva por actores con mayor capacidad militar, lo que alimenta la desconfianza del Sur Global y refuerza percepciones de un orden internacional asimétrico.
En este sentido, el caso venezolano reabre un debate geopolítico de fondo: hasta qué punto las normas internacionales operan como límites efectivos al poder, o si, en contextos de alta polarización global, terminan subordinadas a consideraciones estratégicas. La captura de Maduro puede interpretarse, así, no solo como una respuesta a una crisis humanitaria y de gobernabilidad, sino también como un mensaje geopolítico en un sistema internacional cada vez más fragmentado.
Para América Latina, el episodio plantea desafíos estructurales. La región ha construido marcos normativos de defensa de la democracia y los derechos humanos, pero mantiene una fuerte tradición de rechazo a la intervención extranjera, marcada por la memoria histórica de las intervenciones del siglo XX. La captura de Maduro obliga a los países latinoamericanos a replantear el equilibrio entre estos principios, así como a reflexionar sobre la debilidad de los mecanismos regionales para gestionar crisis prolongadas sin la mediación de actores extra hemisféricos.
Más allá de las posiciones frente al gobierno venezolano o frente a la actuación de Estados Unidos, este episodio plantea preguntas centrales sobre el orden internacional contemporáneo: ¿qué ocurre cuando los mecanismos colectivos fracasan de manera sistemática?, ¿hasta dónde llega la protección de la soberanía en contextos de colapso estatal con efectos transnacionales?, ¿quién define los umbrales de intervención en un sistema internacional atravesado por la competencia entre potencias?
La captura de Nicolás Maduro no solo configura el escenario político venezolano, sino que se consolida como un caso de estudio sobre las tensiones no resueltas entre soberanía, derechos humanos y poder geopolítico. Estas tensiones, lejos de ser excepcionales, parecen destinadas a intensificarse en los próximos años, marcando la agenda regional y global en un contexto de creciente incertidumbre sobre el futuro de la gobernanza internacional.
