Entre 2022 y 2025, Colombia se han reportado más de 600 integrantes de su Fuerza Pública asesinados, más de 1.200 resultaron heridos en combate, y al menos 150 han sido secuestrados en distintas regiones del territorio nacional de acuerdo a la cifras del Ministerio de Defensa. No son números fríos ni estadísticas aisladas, son vidas truncadas, familias devastadas y un país que parece seguir acostumbrada a la tragedia. Para quienes nacimos siendo hijos e hijas de estos héroes, cada número lleva un rostro, un apellido y una historia de servicio que no puede reducirse a un boletín oficial.
La narrativa de la “paz total”, que en teoría debería reducir la violencia, se ha convertido en un escenario donde los grupos armados ilegales han encontrado margen de maniobra. Mientras desde Bogotá y otros países “garantes” se construyen mesas de diálogo, en el Catatumbo, el Cauca, Arauca, Putumayo y Nariño los soldados y policías son asesinados emboscados por francotiradores o víctimas de artefactos explosivos improvisados que los dejan mutilados. Miles de hombres hoy cargan con amputaciones, ceguera y heridas permanentes que se traducen en silencios familiares, economías quebradas y sueños interrumpidos.
Pero lo más alarmante es el secuestro masivo de uniformados, una práctica que Colombia creía haber dejado atrás. En los últimos meses, grupos enteros de militares y policías han sido secuestrados y exhibidos como trofeos de guerra para presionar al Gobierno. Se trata de un retroceso indignante, que no solo atenta contra la vida de quienes están en cautiverio, sino que además expone a toda la sociedad al chantaje criminal. Cada secuestro no es solo un delito; es una afrenta directa a la dignidad nacional.
Aunado a lo anterior, las familias de los heridos y secuestrados viven una angustia interminable. Madres que esperan llamadas, hijos que preguntan por un padre que nunca regresa o que vuelve convertido en prisionero de sus recuerdos y traumas. ¿Cómo puede un país mirar a otro lado mientras sus guardianes son tratados como mercancía de negociación? ¿En qué momento normalizamos y aceptamos que los secuestros, asesinatos y mutilaciones de quienes nos protegen se convirtieran en parte del paisaje cotidiano?
La respuesta está en el abandono institucional. A la Fuerza Pública no solo la hieren las balas: la hiere la falta de capacidades articuladas en inteligencia, investigación criminal, en infraestructura militar, en equipos modernos y su mantenimiento y en apoyo logístico real. Mientras los grupos armados cuentan con armas de última generación, drones, minas de alto poder y corredores de movilidad transnacional, nuestros soldados se enfrentan en las selvas y montañas con fusiles desgastados, chalecos vencidos y un sistema de inteligencia que no logra anticipar ni prevenir las emboscadas. La desigualdad en la confrontación es tan evidente que resulta criminal enviar hombres y mujeres a pelear en condiciones de inferioridad e indefensión .
El sacrificio de la Fuerza Pública es aún más doloroso porque está marcado por la indiferencia. No hay una política nacional solida orientada a la atención integral para los heridos, más allá de los centros de rehabilitación y reinserción social. El secuestrado que es liberado regresa a una sociedad que lo mira con lástima, pero poco se sabe si reciben en realidad recibe atención en salud física y mental. Los caídos héroes caídos en combate se convierten en un acto protocolario de honores que se disuelve en el olvido mediático al día siguiente. La nación que jura gratitud termina dándoles la espalda.
“En este contexto, la denuncia debe ser clara, Colombia no puede seguir normalizando la violencia contra su Fuerza Pública ni esconderla tras discursos de paz incompletos.”
La seguridad de los uniformados es también la seguridad de los ciudadanos; su vulnerabilidad es un espejo de la debilidad del Estado. El país necesita con urgencia una estrategia de seguridad que no sea sólo reactiva, sino preventiva y prospectiva con mejoras en inteligencia, tecnología militar adecuada, infraestructura y un verdadero acompañamiento a las familias que cargan con el peso de esta guerra.
El escenario es crítico si la tendencia se mantiene, los próximos años podrían ser aún más letales. Los grupos armados ya han probado que pueden secuestrar de forma masiva, asesinar selectivamente, masacrar a la población civil y herir a decenas de uniformados sin que exista una respuesta contundente. La desconfianza interna y el desgaste en las filas es evidente. Si no se corrige el rumbo, Colombia corre el riesgo de vivir un debilitamiento estructural de sus fuerzas, y con ello, un deterioro irreversible de la seguridad nacional que vivimos en el pasada.
Hoy, exigimos memoria y dignidad para quienes visten el uniforme. Los asesinados no pueden ser reducidos a números, los heridos no deben ser invisibilizados, y los secuestrados no pueden ser moneda de cambio en la mesa de nadie. La paz será imposible mientras la Fuerza Pública siga siendo tratada como carne de cañón en una guerra que el Estado ni siquiera asume con las herramientas necesarias.
La conclusión es dura pero en Colombia no hay garantías reales para quienes nos defienden. Un país que no protege a su fuerza pública está condenado a la vulnerabilidad. La deuda con nuestros héroes es moral, política y social. Y salvarla es el primer paso para construir una paz verdadera y no de papel.
