Colombia atraviesa un momento de crisis estratégica. La seguridad nacional, ciudadana, fronteriza y digital dejó de ser un conjunto de problemas sectoriales para convertirse en un desafío integral que afecta la economía, la gobernabilidad, la estabilidad regional y la credibilidad internacional. Sin embargo, el país sigue atrapado entre la reacción improvisada y la ausencia de una hoja de ruta sostenida. Las amenazas cambian más rápido que la capacidad institucional para anticiparse, y mientras tanto, los grupos armados, las redes criminales y las organizaciones transnacionales aprovechan cada vacío estatal con precisión quirúrgica.
En este contexto, resulta cada vez más evidente que Colombia necesita una política de seguridad pensada como política de Estado, moderna, interoperable, coordinada con la política exterior, con visión geopolítica y con capacidad para articular defensa, seguridad interior, diplomacia y desarrollo económico. Las propuestas más recientes del sector seguridad y defensa muestran que sí es posible construir esa visión si se asumen decisiones estructurales y se deja de administrar el país bajo la lógica de la emergencia permanente.
La primera dimensión tiene que ver con la proyección internacional. Durante décadas, Colombia ha invertido en desarrollar capacidades únicas en guerra irregular, inteligencia humana, operaciones contra economías ilícitas y manejo de amenazas híbridas. Ese conocimiento, acumulado a un costo enorme en vidas y recursos, supone una ventaja estratégica que el país ha aprovechado a medias. Participar en ejercicios como RIMPAC o RED FLAG, fortalecer el vínculo con la OTAN y ampliar la cooperación científica en espacios estratégicos como el Seaflower, el Pacífico o la Antártida no son ejercicios diplomáticos periféricos: son parte de una estrategia para posicionar a Colombia como potencia media regional, capaz de influir en dinámicas hemisféricas y de proteger sus propios intereses geoestratégicos.
La segunda dimensión, la más descuidada, es la seguridad en las fronteras. Mientras países vecinos despliegan miles de efectivos en sus límites, Colombia mantiene una presencia inferior o simbólica en muchos puntos clave. Esa asimetría ha permitido la expansión de corredores del narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, contrabando y operaciones de disidencias, ELN y estructuras criminales que usan la porosidad fronteriza como escudo y como plataforma de operaciones. Fortalecer la frontera no implica militarizar indiscriminadamente: implica presencia estatal integral, infraestructura, inteligencia, cooperación binacional real y la capacidad de disuadir amenazas antes de que se consoliden. Un país sin control efectivo de sus fronteras es un país cuya soberanía se vuelve nominal.
La tercera dimensión, la que más siente la ciudadanía, es la seguridad urbana. Colombia enfrenta una criminalidad que muta: extorsión en expansión, hurtos más violentos, homicidios selectivos, economías ilegales incrustadas en barrios vulnerables y un sistema policial que opera con fuerza insuficiente. Bogotá, con 237 policías por cada 100.000 habitantes, está lejos del estándar mínimo de la ONU. Pero el problema no es solo cuantitativo. La seguridad ciudadana exige inteligencia, tecnología, mantenimiento de espacios públicos, articulación comunitaria, investigación criminal de calidad y un sistema penitenciario capaz de resocializar, no de reciclar criminalidad. Sin un enfoque preventivo y sin innovación institucional, cualquier estrategia urbana se queda en maquillaje.
El cuarto componente es la industria para la defensa. Colombia cuenta con un ecosistema GSED, COTECMAR, INDUMIL, CIAC, CODALTEC que podría convertirse en una industria competitiva en tecnología militar y de doble uso, con potencial exportador y capacidad de generar empleo de alto valor. Países como Brasil entendieron hace décadas que la defensa no es solo un gasto, sino un sector productivo estratégico. Colombia podría seguir ese camino mediante clústeres tecnológicos, transferencia de tecnología, alianzas internacionales y mayor investigación aplicada. La soberanía también se protege fabricando, desarrollando e innovando, no solo comprando.
Finalmente, ningún sistema de seguridad es sostenible si no cuida a quienes lo sostienen. Hoy, los miembros de la Fuerza Pública enfrentan riesgos crecientes con garantías disminuidas. Más de 600 han sido asesinados en los últimos años, miles sufren secuelas físicas o psicológicas, y la estabilidad en pensiones, salud y acompañamiento jurídico sigue siendo frágil. Un país que exige sacrificios extraordinarios tiene la obligación ética y estratégica de garantizar bienestar, protección jurídica, nivelación salarial y acceso real a servicios de salud y rehabilitación.
“La seguridad comienza por la dignidad de quienes la garantizan.”
En conjunto, estas dimensiones configuran una premisa simple pero urgente: Colombia necesita coherencia estratégica. Un país que pretende insertarse como actor relevante en el sistema internacional no puede seguir tratando la seguridad como un conjunto de incendios dispersos. Requiere planificación, interoperabilidad entre fuerzas, diplomacia activa, inteligencia robusta, control fronterizo, protección de infraestructuras críticas, innovación tecnológica y una coordinación civil-militar que no dependa del ciclo político.
El reto no es menor, pero la oportunidad es histórica. Colombia tiene talento humano, capacidades militares, aliados internacionales, industria para la defensa, experiencia acumulada y ventajas geográficas únicas. Lo que falta no es capacidad: es decisión política. Definir una estrategia de seguridad de Estado no garantiza resolver todos los problemas, pero sí permite dejar de improvisar. Y en un contexto donde las amenazas son cada vez más híbridas, veloces y transnacionales, improvisar ya no es una opción.
