Colombia no es una democracia por inercia. Lo que tenemos institucionalmente nos ha costado y lo hemos construido. Lo es porque su pueblo y sus instituciones han resistido los embates de quienes quisieran convertir al país en una dudosa república bananera. Y en esa reyerta,
“la Constitución de 1991 representa hoy la última defensa frente al autoritarismo.”
No es un documento perfecto, pero sí el andamiaje más sólido que impide que la fuerza del poder suplante el peso del derecho.
Álvaro Gómez Hurtado, a quien la historia aún no ha reconocido con justicia, fue uno de los principales arquitectos de esa defensa institucional. Entendió que la legitimidad no nace del capricho, sino del consenso, y que Colombia necesitaba una carta de navegación capaz de limitar el poder y prevenir su concentración. Por eso promovió, con visión y firmeza, un nuevo pacto institucional, construido sobre reglas estables y orientado a proteger a los ciudadanos del populismo, que siempre se alimenta de la necesidad. En ese sentido, la Constitución del 91 fue su forma de anticiparse al desorden: consagró garantías fundamentales no como concesiones ideológicas, sino como barreras al abuso. Algo similar a lo que hizo León XIII con Rerum novarum: combatir al marxismo no desde la reacción, sino desde la solidaridad cristiana, la institucionalidad y una lectura lúcida de las tensiones sociales que vendrían.
La obra de Álvaro surgió en un marco que, pese a sus usos posteriores, no nació del progresismo ni fue concebido como una herramienta ideológica. Su espíritu es profundamente institucional y democrático: impedir que un presidente se perpetúe, que un gobierno desmonte los contrapesos, o que una sola visión monopolice el sentido del Estado. Las cortes, el congreso, los órganos de control y todas las instituciones nacionales deben ser respetadas y protegidas.
De acuerdo con lo anterior, es importante anotar que las desafortunadas intervenciones del presidente desconociendo el congreso y algunas funestas declaraciones como las de Alfredo Sadee, proponiendo abiertamente 20 años de poder para Gustavo Petro, no son un exabrupto aislado. Son una advertencia.
Lo que Álvaro Gómez quiso evitar está hoy más cerca que nunca. La democracia está en riesgo, y se busca eliminar la última barrera institucional que impide una concentración total del poder. Una nueva Asamblea Nacional Constituyente es, hoy, una moneda en el aire. La Constitución de 1991, con todos sus defectos, sigue siendo lo que nos separa del despotismo.
