Fue la manada de aulladores, cotos, titíes, capuchinos y otros monos del nuevo mundo que brotaron de la nada en la reforma política, quienes la envenenaron. Esa es la tesis con la que muchos quisieran aligerar el primer gran revés de la agenda gobiernista en el legislativo. Sin embargo, hablar de envenenamiento, solo sería necesario en el marco de una coalición que gozara de buena salud. Para comprender mejor lo que viene ocurriendo, es bueno remontar ese análisis hasta el pasado lunes 6 de febrero, cuando el Gobierno convocó las que terminaron por ser las primeras sesiones extraordinarias rotundamente fallidas, desde que se creó la figura en 1991.
La idea del ejecutivo era ganar 38 días en el trámite de trece proyectos, como otros gobiernos hicieron, y el país vio sesiones extras donde los congresistas trabajaban disciplinada y eficientemente hasta sacar adelante todos los proyectos, incluso hasta altas horas de la madrugada. Esta vez, entre los proyectos a discutir destacaban el Plan Nacional de Desarrollo, la reforma penal del Gobierno, el que busca prohibir el fracking, el que busca reformar el Ministerio de Cultura y el que define las condiciones para el desarrollo de la infraestructura ferroviaria nacional. El último en añadirse, el 15 de febrero, fue la reforma a la salud.
Pues increíblemente, una vez culminado este largo período de “tiempo extra”, el pasado 16 de marzo era posible constatar que ninguno de los 13 proyectos de ley priorizados fue debatido por las comisiones, ni mucho menos por las plenarias. Sólo el Plan Nacional de Desarrollo y la reforma a la salud tuvieron un mínimo movimiento, en forma de audiencias públicas, pero ni siquiera éstos tenían ponencia para primer debate. Un rendimiento de prácticamente 0%.
Pero el Congreso no cesó de enviar señales renuentes: La ponencia del Plan (hoja de ruta para el cuatrienio) apenas vino a ser presentada el 17 de marzo y fue aprobada de afán por las comisiones económicas conjuntas donde la coalición de gobierno supuestamente es mayoría, entre el 21 y el 23 del mismo mes, fecha límite para realizar el primer debate, con resultados agridulces.
En efecto, la eliminación del artículo 266 del Plan deja por ahora al Gobierno sin el Fondo que serviría de base para el Ministerio de la Igualdad (Fondo para la igualdad y la equidad). Igualmente, se negaron en primer debate al Presidente, la mitad de las facultades extraordinarias que estaba solicitando. Y todo ello, sin ahondar en la férrea y bien conocida oposición que ha tenido la reforma a la salud presentada por el Gobierno, ejercida institucionalmente por las fuerzas políticas que teóricamente conforman su coalición.
En este orden de ideas, el retiro forzado de la reforma política también acontecido el 23 de marzo, es apenas uno más de los episodios que controvierten la idea según la cual, estamos frente a la mayor coalición política de la historia del Congreso. Por el contrario, los partidos parecen haber decidido que impondrán su criterio sobre el del Gobierno, cuando ello sea necesario. Visto el panorama de estas semanas más recientes, resulta claro:
Que la coalición de Gobierno en el Congreso no existió, sino que debido a la extremada prevalencia que tiene el Presidente de la República en nuestro sistema político, aparentó serlo por defecto, en las primeras de cambio, para proyectos iniciales como la paz total, la reforma tributaria y la jurisdicción agraria; 2. Que hace un par de meses, la famosa ‘aplanadora del Pacto aun siendo de papel, dejó de guardar las formas; 3. Que la sensibilidad de las reformas presentadas es directamente proporcional a la sensibilidad de las líneas rojas trazadas por los partidos de coalición; 4. Que el Gobierno se ha tardado en reconocer esas nuevas realidades, sobrestimando su margen de maniobra y 5. Que la nueva consigna base será remangarse y traer las grúas para levantar y colocar grandes vigas de acero, pilares y otros componentes pesados de los nuevos puentes.
Ojalá que, así como muchos en las toldas oficialistas demuestran una pueril prepotencia al justificar cualquier capricho esgrimiendo el triunfo electoral, tengan la misma claridad en admitir que otros sectores políticos e ideológicos fueron indispensables para lograr el triunfo y que ese apoyo implica a los partidos del pacto ampliar la participación programática, ejercicio en el cual deberán flexibilizar algunas de las tesis principales, que fueron de arranque en la campaña presidencial.
De momento vendrán unas elecciones locales sin trasfuguismo; es decir, sin que se permita a los congresistas actuales cambiar de partido o movimiento político conservando sus curules, como práctica depredadora que era útil al partido de gobierno para robustecerse a expensas de otros sectores políticos que no ayudó a elegir. Unas elecciones sin puerta giratoria para que los congresistas puedan pasar automáticamente a ser ministros, de forma que ya no se podrán convertir las curules en bienes negociables y descartables para dar mayor fuerza burocrática al Gobierno. Tampoco se garantizará a los congresistas actuales los primeros lugares en listas cerradas para las próximas elecciones legislativas, con miras a facilitar su relección, ni se permitirá a los partidos mayoritarios aliarse entre sí, con el fin de sofocar el surgimiento de fuerzas minoritarias en los territorios.
Paralelamente, vendrá un proceso largo enfocado en construir una reforma política viable, como la que el país necesita y cuyo centro de gravedad deberá estar fijado en dos nuevos aspectos, casi olvidados en la inicial: El primero, es la reforma al tribunal electoral colombiano (Consejo Nacional Electoral), buscando garantizar su independencia respecto de la política. Una reforma que era motivo central de la fallida reforma política y que, en decir de los autores del proyecto, era muy difícil de incorporar, como a la postre, fueron todas las discusiones.
El segundo nuevo eje central, debe ser evitar la excesiva fragmentación y el gradual debilitamiento del sistema de partidos, donde pertenecer a una organización política ha llegado a verse como un requisito formal para acceder a cargos públicos, en buena parte debido a la permisividad para la división de los partidos, así como por sentencias que han revivido organizaciones políticas y han reconocido la personería jurídica a los partidos que avalan a los candidatos que obtuvieron la segunda votación a la presidencia. Como cabe recordar, numerosos académicos afirman que la fragmentación del sistema político causada por la proliferación de muchos partidos, ha estado en la raíz de la inestabilidad que condujo a la caída de algunas democracias europeas de entreguerras, como la República de Weimar, la Francia previa a la Quinta República o la Primera República portuguesa. Ese efecto perjudicial como dijo Juan José Linz, quien fuera catedrático emérito de la Universidad de Yale, puede ser más tóxico todavía en los sistemas presidenciales.
A este respecto, el profesor de Oxford Vicente Valentim ha encontrado en un estudio reciente que en sociedades altamente polarizadas un mayor número de partidos socava la democracia y que en todos los contextos, la proliferación de organizaciones políticas conduce a gobiernos más fraccionados, los cuáles se caracterizan por la inacción y el estancamiento generado por distintas fuerzas en pugna, una mayor propensión a la inestabilidad derivada de frecuentes cambios en la composición del gobierno, la falta de dirección asociada a la confusión creciente en objetivos, directrices y políticas, así como la ineficacia resultante del choque de agendas.
¿Queremos ese tipo de gobiernos y fomentar la división política en nuestra sociedad?
Siendo el colombiano un sistema presidencial, caracterizado por una alta polarización política, la importancia de contener la fragmentación del sistema político es evidente y demanda una acción urgente. Pocos días antes de colapsar la reforma política, de hecho, se incorporó una modificación al artículo 108 de la Constitución que ponía como condición a los partidos para el reconocimiento de personería jurídica, haber obtenido al menos 5% de los votos en las elecciones a Senado y Cámara. La ooportunidad más cercana para resolver este grave fenómeno, una nueva reforma política, se abre entonces paradójicamente, gracias a la fragmentación actual de la bancada de gobierno.
