Colombia atraviesa un momento donde el cansancio de la guerra convive con la fragilidad de la paz y el desconcierto estratégico del Estado. Entre 2022 y 2025, más de 600 integrantes de la Fuerza Pública han sido asesinados, más de 1.200 resultaron heridos en operaciones y al menos 150 han sido secuestrados en distintas regiones del país. Son cifras que duelen, pero sobre todo revelan que nuestros soldados y policías están enfrentando amenazas renovadas con herramientas desgastadas, bajo una dirección política que oscila entre la ambigüedad, la improvisación o la distancia.
En la primera parte de esta serie se habló del abandono: de las familias que reciben telegramas, de los hombres que regresan mutilados sin acompañamiento psicológico real, de las viudas que atraviesan laberintos institucionales para recibir una pensión que tarda años, y de los secuestrados que vuelven al país sin terapias para sanar las heridas invisibles que ni los discursos ni las medallas pueden tocar. Es una deuda moral, sí, pero también institucional y política.
La situación interna no solo se expresa en territorio. Tiene implicaciones internacionales profundas. Durante décadas, Colombia sostuvo parte de su legitimidad externa en su capacidad para enfrentar el narcotráfico y las economías ilegales. Esa legitimidad se tradujo en cooperación militar y de inteligencia, estabilidad financiera, acceso a mercados y respaldo diplomático. Cuando la estrategia se relaja o se vuelve confusa, las consecuencias externas son inmediatas.
Estados Unidos descertificó a Colombia en la lucha antidrogas, al considerar que el país no está cumpliendo esfuerzos eficaces y verificables para combatir el narcotráfico. La descertificación no es un gesto simbólico: implica la reducción de cooperación militar, limitaciones en inteligencia compartida, impactos en comercio, restricciones en inversión extranjera y dificultades para acceder a créditos internacionales. Es decir: se debilitan la capacidad del Estado y su credibilidad internacional. Y cuando el Estado se debilita, los grupos ilegales llenan el vacío: amplían cultivos, reclutan jóvenes, controlan economías locales y reconfiguran poder territorial.
A esto se suma un hecho reciente de enorme gravedad institucional: el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a varios funcionarios y personas del círculo cercano al Gobierno en la llamada Lista Clinton, congelando sus cuentas, prohibiendo transacciones y bloqueando su acceso al sistema financiero internacional. No se trata del Gobierno como institución, sino de individuos y redes específicas. Sin embargo, el impacto colectivo es real: negocios asociados quedan aislados, proyectos territoriales se suspenden, bancos se retiran y la economía legal en ciertas regiones queda desfinanciada. Y cuando la economía legal se contrae, la ilegal ocupa el espacio. Esa expansión se traduce en más armas, más control social y más capacidad para corromper instituciones locales. La Fuerza Pública termina enfrentando enemigos con mayor músculo financiero, mejor tecnología y mayor capacidad de influencia.
Todo esto ocurre mientras nuestros soldados y policías siguen operando con brechas materiales evidentes: equipos obsoletos, movilidad aérea insuficiente, inteligencia fragmentada y un vacío creciente entre la tecnología estatal y la que ya emplean actores ilegales. Hoy existen grupos armados con drones militares, comunicaciones encriptadas, redes de informantes y fuentes internacionales de financiación. La diferencia tecnológica, que solía ser una ventaja para el Estado, ya no lo es.
Pero modernizar la Fuerza Pública no significa militarizar la sociedad. Significa profesionalizar, tecnificar y anticipar. Significa conectar Ejército, Policía, Fiscalía, Migración, DIAN y Unidad de Información y Análisis Financiero para atacar el corazón del problema la economía criminal. Sin cortar el flujo financiero, cualquier operación armada es temporal. La seguridad no se gana solo en selva o carretera: se gana rastreando contenedores, exportaciones ilegales de oro, operaciones de lavado, contrabando y captura de contratos públicos.
Sin embargo, ninguna modernización funcionará sin legitimidad social. La Fuerza Pública necesita reconstruir confianza con la ciudadanía. Eso no se logra con campañas de comunicación, sino con presencia respetuosa, formación ética profunda, acompañamiento comunitario, enfoque de derechos humanos y liderazgo que inspire admiración, no miedo. La autoridad nace de la coherencia moral. Sin legitimidad, no hay seguridad posible.
Todo esto exige un pacto nacional. Un pacto que entienda que la seguridad no pertenece a un partido ni a una ideología. La seguridad es la condición que hace posible la vida democrática. Sin seguridad, no hay educación plena, ni salud sostenible, ni economía estable. La seguridad no es un proyecto militar: es un proyecto civil de nación. Ese pacto debe garantizar bienestar integral real para la Fuerza Pública y sus familias; modernización estratégica y tecnológica para enfrentar amenazas híbridas; y señales claras de compromiso frente a la comunidad internacional para evitar sanciones, aislamiento financiero y el avance del crimen transnacional. No se trata solo de proteger fronteras: se trata de proteger la dignidad de quienes llevan el uniforme y, en ello, la dignidad misma del país.
Porque la verdad es simple y brutal, un país que no cuida a quienes lo cuidan ha decidido renunciar a su futuro.
Salvar a la Fuerza Pública no es un acto militarista. Es un acto de memoria, responsabilidad histórica y amor al país. Ellos ya han hecho su parte. Nos corresponde hacer la nuestra. Porque ningún país puede sostener su futuro si quienes lo protegen son olvidados en vida. La verdad es simple y brutal: un país que no cuida a quienes lo cuidan ha decidido renunciar a su futuro. No proteger a la Fuerza Pública no es una omisión: es un acto de autodestrucción.
La descertificación, las sanciones financieras, la expansión de los grupos armados y el deterioro de la legitimidad estatal no son escenarios hipotéticos ni advertencias diplomáticas: son consecuencias que ya empezaron a desplegarse. Y mientras discutimos narrativas y discursos, hay familias esperando a un hijo que no volverá, soldados que se quedaron en una camilla sin una pierna que nadie sabe cómo reemplazar, y secuestrados que sobreviven a la guerra incluso cuando la guerra ya no los reconoce. Si Colombia quiere seguir llamándose Estado, debe recuperar su capacidad de proteger su territorio, su gente y a quienes la defienden. No para volver al pasado, sino para garantizar que exista un futuro. Porque sin Fuerza Pública, lo que desaparece no es una institución, lo que se desmorona es la República misma.
