Colombia, como lo diagnosticó acertadamente David Bushnell en su libro que lleva el mismo nombre, es una nación a pesar de sí misma, particularmente cuando la analizamos desde la historia, la cultura, y, cómo no, la política. El ‘Regimen’ que tanto señalaba Álvaro Gómez Hurtado, entendiéndose como aquel sistema político caracterizado por la indomable corrupción, el habitual clientelismo y la descarada cooptación del Estado por actores de la ilegalidad y una maquinaria de complicidades y favores que impide la buena gobernanza, sigue igual o más vigente que en la época de Gómez. La diferencia ahora, es que hoy las soeces “jugaditas” y reprochables movimientos en virtud de la más descarada corrupción, que tiene como único propósito seguir alimentando un mórbido y obeso Estado a punta de burocracia y clientelismo son más visibles, más sujetos a crítica y objeción, e inclusive, a judicialización. Lo anterior gracias a los importantes avances tecnológicos que han emergido como aliados imprescindibles para revertir esta tendencia y fortalecer la transparencia institucional, un ‘aliado’ fundamental para cualquier sociedad que ostente la estabilidad y el orden.
Cómo si no hubiese pasado un solo día, hoy se sigue viendo cómo la “clase política” por usar un sustantivo coloquial un tanto simplista pero no menos acertado, sigue manipulando el Estado como si fuese un tablero de ajedrez, donde la victoria de la partida se resume en poder político y económico. En una época, los políticos se repartían los cargos del Estado compartiendo entre risas un buen whisky en el Jockey Club de Bogotá, o los más arriesgados, sin temor a los ocasionales periodistas o funcionarios deambulantes, en la cafetería del Congreso. Se repartían en cuotas políticas el Estado colombiano en acuerdos que pocos cuestionaban y que dificilmente trascendían en la prensa o, prohíbase, escalaban a ser motivo de conversación en la opinión pública. Hoy, pese a que aquellas practicas éticamente cuestionables mas no ilegales per se, siguen ocurriendo en la política colombiana, la tecnología ha irrumpido como una fuerza implacable que pone en evidencia semejantes movimientos y obliga, en mayor medida, a un ejercicio político más transparente (o contrariamente a ser más precabido en el clientelismo). Plataformas digitales, portales de datos abiertos y herramientas de vigilancia ciudadana han convertido al ciudadano de a pie en un vigilante activo, capaz de escrutar contratos, presupuestos e inclusive nombramientos con unos pocos clics.
Por poner un ejemplo, el portal ‘Datos para la Transparencia’ en Bogotá, que a partir del presente año ha dispuesto un número de páginas con información pública detallada, es un referente palpable de la manera en que la tecnología puede ser utilizada acertadamente y ser un aliado importante de la tan necesitada buena gobernanza. Esta iniciativa, que implementa distintas herramientas digitales para garantizar la calidad y accesibilidad de la información, permite que veedurías ciudadanas, medios académicos y de comunicación, sociedad civil y a su vez a los entes de control puedan detectar irregularidades y, como corresponde en consecuencia, exigir explicaciones mediante un control político con una rapidez y precisión cada vez superior. Así mismo, se debe decir, la página web del Gobierno Nacional ‘Función Pública’ o ‘CNE Cuentas Claras’ se pueden juzgar bajo el mismo calificativo: tremendamente positivas, transparentes y beneficiosas. No sorprende, en este orden de ideas, que Colombia haya escalado al quinto puesto en el mundo en materia de apertura de datos, como lo sugiere el Global Data Barometer 2025, un reconocimiento que debe ser motivo de celebración por parte de nosotros los colombianos, pero a su vez, debe también ser motivo de una vigilancia constante para que semejante calificativo tan meritorio no se quede en una mera formalidad.
No obstante, también se deben plantear algunos interrogantes y circunstancias que, contrastando los positivos argumentos que se han mencionado con anterioridad, deben ser motivo de preocupación. El porcentaje de la población que tiene acceso a Internet en Colombia, o “penetración de Internet”, pese a ser creciente, aún carece de la cobertura necesaria para alcanzar un estado de igualdad en este aspecto. Como lo plantea el informe Digital 2025: Global Overview Report de We are Social y Hootsuite, a principios de este año, la tasa de penetración de Internet se ubicó en un 77.3% de la población total, con más de cuarenta millones de usuarios activos. No obstante, millones de Colombianos restantes, particularmente habitantes en zonas rurales y vulnerables, aún padecen de la asfixiante exclusión de tan importante avance tecnológico: la digitalidad.
“La democracia digital solo será verdadera si logra incluir a todos, sin dejar a nadie atrás.”
Por el contrario, semejante fisura en materia tecnológica pasa por un proceso de metamorfosis, donde la falta de acceso a tecnología trasciende, evoluciona y se convierte en una nueva forma –sí, otra– de exclusión en nuestro país; una problemática que amenaza con profundizar sin misericordia alguna las tan dañinas desigualdades que tanto han impedido un crecimiento sano y exponencial de nuestro país.
Es pertinente señalar, además, que la transparencia, como la concebimos hoy, no puede ser solo un sinnumero de datos en un computador; debe necesariamente ir acompañada de una interpretación responsable, rigurosa y exhaustiva. La sobreabundancia de información sin un análisis crítico, que es, se debe decir, responsabilidad de la sociedad civil tanto como lo es de los órganos de control, puede generar ciertos grados de confusión, o inclusive, ser utilizada para manipular la opinión pública (cosa que suele suceder en Colombia, particularmente en época electoral). Por lo mismo es que el papel de los medios, las instituciones, la academia y la sociedad misma, si se quiere, es fundamental para formar ciudadanos que tengan no solo la capacidad, no, sino la voluntad de discernir, valorar la verdad y exigir respeto por el funcionamiento idóneo de la democracia.
Recapitulando, la tecnología ofrece una importante oportunidad para avanzar como país rumbo a una forma de Gobierno más solida y transparente: más democrática. Pero esta modernización, esta implementación de la tecnología en nuestro diario vivir tiene que ser, necesariamente, comprendida desde una perspectiva conservadora: no como un incontrolable virus o, como lo señalan algunas figuras públicas, como un instrumento político que atenta en contra de la libertad. No, ni más faltaba. Sino como un instrumento para preservar el orden, fortalecer la confianza en las instituciones y poder garantizar y supervisar que el poder publico sea ejercido de manera responsable, respetando la ley. La vigilancia regulada a la política, como hoy lo ofrece la tecnología, es un paso en el camino correcto para que Colombia deje atrás las sombras del ‘Régimen’ y construya un futuro mejor: una Colombia mejor.
