El aumento del salario mínimo decretado por el gobierno de Gustavo Petro se presenta como una política social progresiva. La intención es legítima: mejorar el ingreso de quienes menos ganan. El problema es que, tal como está diseñado, el mecanismo elegido termina aumentando la desigualdad que dice combatir.
La primera razón es estructural y poco discutida: la indexación. En Colombia, una parte importante de los salarios del sector público —y también del sector privado ejecutivo— está atada directa o indirectamente al salario mínimo. Un congresista, por ejemplo, gana alrededor de 33 salarios mínimos. Si el mínimo sube de manera abrupta, el congresista no deja de ganar 33 salarios mínimos, pero su ingreso en pesos sí aumenta de forma automática. Así, una brecha que era de cerca de 50 millones mensuales frente a quien gana el mínimo puede pasar a 60 millones. La distancia no se reduce: se amplía en diez millones.
Algo similar ocurre con un ejecutivo que devenga un salario integral. El piso legal del integral (13 salarios mínimos) se mueve hacia arriba con cada incremento del mínimo. Un ingreso que rondaba los 18,5 millones puede pasar a 22,5 millones, ampliando la diferencia con quien gana el mínimo de 16,8 millones a más de 20 millones. De nuevo, la brecha crece. El aumento beneficia proporcionalmente más a quienes ya están arriba, porque sus salarios están amarrados al mismo ancla.
El segundo efecto es inflacionario. Para que las empresas puedan crecer —o al menos competir— deben trasladar el aumento de costos laborales al consumidor. Eso se traduce en precios más altos. La inflación no es neutra: castiga con más fuerza a quienes destinan la mayor parte de su ingreso a consumo básico. En la práctica, una parte importante del aumento del salario mínimo se diluye en el costo de vida, reduciendo su impacto real y ampliando la desigualdad entre quienes pueden protegerse de la inflación y quienes no.
El tercer efecto es el empleo. No todas las empresas pueden absorber aumentos abruptos de nómina. Muchas pequeñas y medianas empresas —especialmente en sectores intensivos en mano de obra— enfrentan una decisión binaria: despedir, no contratar o informalizar. El desempleo y la informalidad, por definición, aumentan la desigualdad de ingresos y además expulsan a los trabajadores de los sistemas de pensión, salud y cesantías. El resultado es más desprotección social, no menos.
El cuarto efecto es competitivo. Solo el Estado y las grandes empresas tienen la espalda financiera para absorber estos costos sin perder viabilidad. Esto deja por fuera a emprendedores y trabajadores con menor acceso a educación, capital, redes o círculos sociales. El mercado laboral se vuelve más excluyente y el aparato productivo se concentra. Paradójicamente, una política que se presenta como popular termina protegiendo a los grandes y cerrando el paso a los pequeños.
La ñapa es evidente: aunque quienes ganan el mínimo podrían parecer los únicos ganadores inmediatos, la inflación se come buena parte del aumento. Y al asfixiar la competencia, se limita la creación de nuevas empresas y mejores empleos. Menos competencia hoy es menos salarios reales mañana.
La conclusión no es que los salarios no deban mejorar. Sí deben hacerlo. Pero hay otras herramientas de política pública más efectivas y equitativas: aumentos graduales, reducción de costos no salariales, incentivos a la formalización, políticas de productividad, formación laboral y competencia real. Subir el salario mínimo sin tocar estos frentes aumenta el gasto público, presiona la deuda y el déficit, eleva el desempleo y alimenta la inflación.
Mejorar el ingreso de los trabajadores requiere más Estado inteligente y menos atajos. La equidad no se decreta; se construye.
