Cuando un gobierno no logra atraer inversión de forma natural, aparece la tentación peligrosa de forzarla.
Eso es, en el fondo, lo que hay detrás del paquete de decretos con el que el gobierno Petro ha intervenido el sistema pensional privado en los últimos meses. Primero fue el borrador de repatriación que obligaría a los fondos a reducir su inversión exterior al 30%, trayendo $125 billones al país en cinco años. Luego el Decreto 0369 del 7 de abril, que formalizó esa restricción. Y finalmente el Decreto 0415 del 20 de abril: traslado exprés de $25 billones a Colpensiones en treinta días. Cada paso escaló la apuesta.
El primer punto que hay que decir sin rodeos es que esa plata no es del gobierno. Es el ahorro de millones de trabajadores, acumulado durante décadas, con el propósito claro de financiar su pensión futura. Los fondos administran ese ahorro bajo el deber fiduciario de buscar la mejor rentabilidad posible con riesgo razonable, mediante la diversificación de inversiones.
Invertir parte del portafolio en el exterior no es “fuga”, es gestión prudente.
Obligar a concentrar inversión en un solo país, en uno con alta incertidumbre política y fiscal, no es una estrategia de desarrollo, es un aumento directo del riesgo para el pensionado. El Consejo de Estado lo ratificó el 11 de mayo al suspender el Decreto 0415, la ley es clara en que esos recursos deben permanecer en las AFP hasta que el afiliado consolide su derecho pensional. No es una opinión. Es lo que dice la norma que el propio gobierno impulsó.
El gobierno presenta las medidas como una forma de subir la inversión interna, y Colombia si necesita más inversión. El problema está en el mecanismo. Una cosa es aumentar inversión y otra es reubicar ahorro por mandato, esa diferencia la conoce cualquier fondo de pensiones del mundo. Si Colombia tuviera suficientes proyectos listos, rentables y bien estructurados, esa plata ya estaría entrando. Los propios fondos lo dijeron sin ambigüedad que están listos para invertir en puertos, vías y energía, pero necesitan proyectos donde el riesgo esté bien calculado. La ironía es que si el gobierno invirtiera la misma energía política que dedica a estos decretos en destrabar licencias y estructurar proyectos, probablemente conseguiría más inversión, sin tocar el ahorro de nadie.
Y cuando no hay proyectos suficientes, ¿a dónde termina yendo la plata? A donde siempre termina yendo, a los TES, a la deuda pública. Asofondos lo cuantificó, el 70% de lo que habría llegado a Colpensiones bajo el Decreto 0415 estaba invertido en deuda pública del Estado. El círculo es perfecto en su lógica y preocupante en sus consecuencias: el gobierno obliga a los fondos a traer recursos, esos recursos financian los TES que el gobierno emite, y la diferencia de rentabilidad la paga el trabajador en su pensión futura. No figura en ningún presupuesto, pero el efecto es el mismo, menos plata para el ciudadano mañana, para cuadrar caja hoy.
Además, la repatriación forzada puede producir un titular atractivo: el dólar baja porque los fondos liquidan posiciones en el exterior para comprar pesos. Pero ese movimiento no refleja ningún cambio en los fundamentos de la economía; es una corrección artificial de precios. Los analistas lo calcularon con precisión, un traslado apresurado habría obligado a vender cerca de $3,5 billones en acciones y ETFs para rebalancear portafolios, generando presión vendedora en el mercado accionario local y una eventual liquidación de TES por parte de Colpensiones para pagar mesadas habría añadido un choque de oferta de entre el 9,7% y el 14,6% sobre el volumen habitual de negociación. Un peso artificialmente fuerte, un mercado de capitales golpeado. El alivio inmediato comprado con un costo diferido, el mecanismo habitual con el que Colombia ha postergado sus tensiones fiscales.
El mensaje de fondo es que, como el gobierno no logra que el capital confíe, intenta reemplazar confianza con obligación.
Y eso erosiona lo más escaso de Colombia que es la credibilidad en las reglas. No es la primera vez que un gobierno toma ese camino. Argentina lo hizo en 2008, nacionalizó los fondos de pensiones bajo argumentos similares de proteger el ahorro e invertir en el país, y los recursos terminaron financiando el déficit, los pensionados recibieron menos y el país quedó excluido de los mercados de capitales por años. Hungría en 2011 forzó el traspaso al sistema estatal para cuadrar sus cuentas con la Unión Europea. En ambos casos la narrativa era patriótica y el costo lo pagaron los trabajadores.
La diferencia con Colombia, por ahora, es que las instituciones respondieron. El Consejo de Estado suspendió el Decreto en tiempo récord, precisamente porque los plazos eran tan cortos que esperar habría dejado la decisión sin efecto.
La justicia llegó antes que el dinero.
Eso es relevante y merece reconocerse, pero la suspensión es provisional. El fondo del caso sigue en estudio, la reforma pensional permanece en revisión en la Corte Constitucional y el Decreto sigue vigente. El partido no terminó.
Entonces la pregunta no es técnica sino política: ¿qué quiere construir este gobierno? Si la respuesta es un país con más inversión, más empleo y pensiones sostenibles, el camino ya existe, seguridad jurídica, ejecución eficiente, proyectos bien estructurados, sin necesidad de ningún decreto. Si la respuesta es gestionar el déficit fiscal del próximo trimestre, entonces sí tiene sentido mover el ahorro pensional por mandato. Solo que eso no debería llamarse política de desarrollo sino por su nombre, un impuesto silencioso, política expropiatoria.
