La región del Catatumbo sigue siendo escenario de violencia e inseguridad, y en la última semana, los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC han provocado un recrudecimiento del conflicto. Este episodio, que ya ha dejado múltiples víctimas y desplazados, expone la grave negligencia del gobierno de Gustavo Petro, quien, a pesar de haber sido advertido por la Defensoría del Pueblo, no ha tomado las medidas necesarias para frenar la escalada de violencia. Las comunidades locales siguen siendo rehenes de grupos armados ilegales, mientras el gobierno no da respuestas efectivas.
Hace apenas dos meses, la Defensoría emitió un informe en el que advertía sobre los riesgos inminentes en la región. Este documento, que ponía de manifiesto el control territorial del ELN, las disidencias de las FARC y otros grupos criminales, sugería una intervención urgente por parte del Estado. Sin embargo, el gobierno de Petro hizo caso omiso. La falta de acción ha permitido que el conflicto se intensifique, afectando a la población civil con desplazamientos forzados, confinamientos y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
El reciente estallido de violencia subraya no solo la gravedad de la crisis en el Catatumbo, sino también las inconsistencias del gobierno en su manejo de la situación. Mientras Petro se mantiene firme en su propuesta de “paz total”, los habitantes de esta región continúan viviendo en una zona de guerra, sin la presencia efectiva del Estado que pueda garantizar su seguridad. La política de diálogo que el gobierno ha promovido, aunque noble en intención, ha resultado en una pasividad que grupos armados ilegales han aprovechado para afianzar su control territorial.
En este contexto, las comunidades se encuentran atrapadas en un ciclo de violencia y desprotección. La respuesta del gobierno central, que hasta ahora se ha limitado a discursos vagos sobre la búsqueda de la paz, ha sido insuficiente. Lo que se requiere en el Catatumbo no es solo un diálogo político, sino una intervención integral que combine medidas de seguridad, desarrollo económico y fortalecimiento institucional. La negligencia del gobierno no solo ha permitido que los actores armados continúen expandiendo su influencia, sino que ha dejado a las comunidades sin alternativas reales para mejorar sus condiciones de vida.
Un área en la que el gobierno de Petro ha fallado notablemente es en la política de sustitución de cultivos ilícitos. La región del Catatumbo, uno de los mayores productores de hoja de coca en Colombia, ha sido foco de numerosas estrategias fallidas en este ámbito. Bajo la actual administración, los esfuerzos para ofrecer alternativas productivas a los campesinos han sido insuficientes, y la inseguridad ha impedido que los programas de sustitución voluntaria prosperen. Esto no solo perpetúa la dependencia de las comunidades en la economía ilícita, sino que alimenta el conflicto armado y el control de los grupos ilegales sobre la región.
Además, la desconexión entre el gobierno central y las autoridades locales ha exacerbado el problema. Los alcaldes y líderes comunitarios llevan meses advirtiendo sobre la fragilidad de la situación en el Catatumbo, pero sus llamados han sido ignorados. La falta de una estrategia coordinada que involucre a los gobiernos locales, las fuerzas de seguridad y la comunidad internacional demuestra una grave negligencia por parte de la administración Petro.
Es preocupante que, ante una crisis de esta magnitud, el gobierno no haya implementado una estrategia integral que aborde las causas estructurales del conflicto. La pobreza extrema, la falta de acceso a educación y salud, y la ausencia de oportunidades económicas en la región siguen siendo problemas centrales que requieren atención urgente. Mientras no se solucionen estos problemas, el conflicto en el Catatumbo continuará siendo un terreno fértil para la violencia y el control de grupos armados.
La crisis en el Catatumbo no puede seguir siendo ignorada. El gobierno de Gustavo Petro tiene la responsabilidad de actuar con decisión y garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades en esta región. La paz no se logrará solo con diálogos y promesas, sino con políticas públicas efectivas que devuelvan la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado. El tiempo corre, y el costo de la inacción es demasiado alto.
