Con enorme preocupación se observa que, en los últimos meses, Colombia parece avanzar hacia una crisis energética que amenaza con poner en jaque el abastecimiento de los hogares colombianos. Esta situación, lejos de ser un fenómeno fortuito, parece ser el resultado de una combinación de factores que van desde la falta de planificación gubernamental, hasta bloqueos sistemáticos que afectan directamente la infraestructura crítica energética nacional.
El panorama es preocupante, los bloqueos viales en diversas regiones han generado pérdidas multimillonarias para los sectores productivos, estimados, según Colfecar en 6.1 billones de pesos entre enero de 2023 y septiembre de 2024, incluido el sector energético, agravando la crisis de transporte de combustibles y materiales necesarios para el mantenimiento y operación de plantas eléctricas y de gas. Estas interrupciones no solo encarecen los costos logísticos, sino que también debilitan la seguridad energética del país.
El caso más reciente, reportado, ilustra cómo un bloqueo que afectaba las operaciones de las hidroeléctricas de Enel, El Paraíso, Guaca y Darío Valencia en el municipio El Colegio, en Cundinamarca, generó un grave riesgo para el suministro eléctrico, pues la compañía se vio obligada a retirar del Sistema Interconectado Nacional (SIN) 400 megavatios de energía, equivalentes a dos tercios de su capacidad instalada total de 600 megavatios. Aunado a ello, el reciente bloqueo en la planta de gas de Gibraltar, Norte de Santander demostró que el desabastecimiento por bloqueos es una realidad que afecta de forma inmediata la economía de las comunidades. Estas situaciones ponen en evidencia la fragilidad de una infraestructura crítica que no está siendo protegida de manera adecuada.
A esta realidad se suma un nuevo desafío en el sector del gas, pues, de acuerdo con la presidente de Asoenergía, Ecopetrol solo puede abastecer el 65 % del mercado para el 2025, el resto se debería importar. Colombia ya enfrenta un déficit que equivale al 12 % del total de la demanda nacional del país y a finales de 2025 y en 2026 ese déficit se incrementaría en 30 %, de acuerdo con la presidente de Naturgas, un problema que podría escalar si no se implementan medidas inmediatas.
Las advertencias no han sido ignoradas por organismos de control. El Contralor General ha alertado sobre el riesgo inminente de una crisis energética en el país. Sin embargo, las acciones correctivas del gobierno parecen ser insuficientes y reactivas, agravando la percepción de que no hay un plan integral para abordar la problemática del desabastecimiento energético.
Una de las banderas del presidente Gustavo Petro ha sido la transición hacia energías sostenibles con el medio ambiente, un objetivo loable a mediano-largo plazo, pero esto no debe suponer descuido sobre los requerimientos energéticos inmediatos. Los bloqueos, sumados a la falta de protección de la infraestructura energética, sugieren una permisividad negligente. Esto, además de generar incertidumbre en la economía, ha llevado al país a proyectar posibles importaciones de gas desde Venezuela, una dictadura que ha sido complacientemente respaldada por el gobierno colombiano.
“¿Estamos ante un sabotaje interno? La evidencia sugiere que no se trata solo de bloqueos aislados, sino de una cadena de eventos que, sin una intervención firme, podrían desencadenar un racionamiento energético que afectaría gravemente a la industria, el comercio, los hogares y en general, la economía de los colombianos.”
El país está al borde de una crisis energética. Los bloqueos, la falta de planificación gubernamental y la permisividad frente a actos que comprometen el funcionamiento de la infraestructura crítica energética, son señales de un manejo deficiente del sector. Es imperativo que el gobierno nacional tome decisiones contundentes para garantizar el abastecimiento energético y proteger su infraestructura. De no hacerlo, no solo se comprometerá la seguridad y soberanía energética, sino que se abrirá la puerta a una dependencia que podría tener graves implicaciones políticas y económicas para el futuro cercano de Colombia.
