El Gobierno colombiano, en su intento por recuperar el control territorial en zonas de alta conflictividad, ha recurrido a medidas extraordinarias como la expedición del Decreto 0118 de 2025, dentro del marco del Estado de Conmoción Interior. Esta normativa, que centraliza el control operacional de la Fuerza Pública bajo un Comandante Militar con amplias facultades en el Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y otras zonas estratégicas, plantea serios cuestionamientos sobre su viabilidad, legalidad y efectividad. Más que una estrategia bien estructurada, esta decisión parece una respuesta desesperada a la crítica situación de seguridad en la región, caracterizada por el auge del crimen organizado alimentado por el narcotráfico, disfrazado de insurgencia con motivación política.
El desmantelamiento de estrategias previas y la reinvención forzada
Una de las primeras críticas al Decreto 0118 radica en la contradicción de decisiones anteriores del propio Gobierno. Eliminando los comandos conjuntos, una estructura clave en la articulación de las operaciones militares de la Fuerza Pública, el Ejecutivo debilitó la coordinación interinstitucional. Ahora, con este decreto, intenta centralizar el mando en un Comandante Militar, en una aparente improvisación que recuerda, irónicamente, a la estrategia que ellos mismos desmantelaron.
La doctrina de comando conjunto permitía a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional actuar con autonomía dentro de sus competencias, pero coordinadas de manera efectiva bajo una estructura superior. Con el Decreto 0118, esta separación de funciones se desdibuja peligrosamente, subordinando a la Policía Nacional, e incluso a las autoridades civiles, a un mando militar en el área de operaciones. Esta decisión podría conducir a la militarización de funciones policiales y administrativas, un fenómeno ampliamente criticado en contextos democráticos porque tiende a desdibujar la distinción entre orden público, la defensa nacional y la administración de la cosa pública, con repercusiones potencialmente negativas para los derechos humanos y el debido proceso.
El riesgo de politización y la interferencia en la operatividad
Otro de los puntos más preocupantes del Decreto es la centralización del control operacional en una sola figura, el Comandante Militar, quien responderá directamente al Presidente de la República y al Ministro de Defensa. Esta medida otorga un margen de maniobra amplio al poder político sobre decisiones tácticas y operativas, un aspecto que históricamente ha generado problemas en múltiples contextos. La falta de conocimientos técnicos en materia militar por parte del Ejecutivo podría afectar la conducción de operaciones en el terreno, generando órdenes contradictorias o poco viables desde una perspectiva operativa, como ha ocurrido con la inteligencia militar, que se ha visto saboteada por el mal manejo de las comunicaciones del mismo presidente de la República, quien en repetidas ocasiones ha publicado información clasificada, violando la ley, saboteando las operaciones y con ello poniendo en riesgo a los héroes de la patria.
A lo largo de la historia, las interferencias políticas en asuntos militares han llevado a fracasos estratégicos y operacionales. En el caso de Colombia, donde el conflicto armado ha evolucionado a una guerra híbrida entre disidencias, carteles del narcotráfico y grupos armados ilegales, la falta de un enfoque técnico basado en inteligencia y planeación estratégica podría llevar a decisiones erróneas con consecuencias devastadoras.
Impacto en la Fuerza Pública: incertidumbre y desarticulación
El Decreto 0118 no solo genera dudas en cuanto a su efectividad estratégica, sino que también provoca confusión dentro de las mismas Fuerzas Militares y de Policía. La reasignación abrupta de competencias podría afectar la operatividad de unidades clave como el Batallón de Infantería N.º 15 “General Francisco de Paula Santander”, el Batallón de Operaciones Terrestres N.º 9 y la Brigada 30 del Ejército Nacional, adscrita a la Segunda División.
Los cambios en la cadena de mando y la estructura operativa requieren de una planificación cuidadosa y progresiva, no de medidas improvisadas impuestas por decreto. Sin una transición adecuada, estas modificaciones pueden generar ineficiencia en la respuesta táctica, descoordinación en las operaciones y debilitando aún más la moral de la tropa.
Una estrategia de seguridad contradictoria e ineficaz
El Gobierno de Gustavo Petro ha promovido su política de “Paz Total”, una estrategia que busca negociar con todos los grupos armados ilegales de manera simultánea. Sin embargo, la intensificación de la violencia en el Catatumbo y otras regiones demuestra que esta política no ha logrado debilitar las estructuras criminales, por el contrario, las ha fortalecido.
Paradójicamente, la emisión del Decreto y la declaración del Estado de Conmoción Interior son una admisión tácita del fracaso de la estrategia de seguridad del Gobierno. Si la política de negociación estuviera dando resultados, no sería necesario recurrir a medidas excepcionales de militarización del orden público. Este doble discurso evidencia una falta de claridad, conocímiento y planificación en la conducción de la seguridad nacional.
Más preocupante aún es que, mientras el Gobierno emite este tipo de decretos, ha recortado en más de un billón de pesos el presupuesto de la Fuerza Pública para el 2025. Esto pone en entredicho su verdadero compromiso con la seguridad, defensa y la estabilidad del país. No se puede combatir el crimen organizado y garantizar la paz con menos recursos y estrategias improvisadas.
Conclusión: más que decretos, se necesita estrategia
El Decreto 0118 de 2025 es un reflejo de la falta de coherencia en la política de seguridad del Gobierno. En lugar de fortalecer estructuras previamente establecidas, se implementan cambios abruptos sin planificación estratégica ni un análisis profundo de sus consecuencias operacionales.
Los ciudadanos en el Catatumbo y otras regiones afectadas no necesitan más decretos improvisados, sino una estrategia de seguridad clara, con recursos adecuados y un enfoque multidimensional que combine operaciones militares bien estructuradas con la presencia efectiva del Estado en materia de servicios básicos, inversión social y desarrollo territorial.
Para recuperar el orden público y garantizar una paz sostenible, el Gobierno debe dejar de lado las soluciones apresuradas y concentrarse en desarrollar una política de seguridad basada en inteligencia, planeación y cooperación interinstitucional. La improvisación en asuntos de defensa y seguridad no solo es irresponsable, sino que pone en riesgo la vida y el bienestar de millones de colombianos.
