Los diez retos de Colombia siguen siendo los mismos del 9 de agosto. Lo que cambió es el tiempo.
En las horas siguientes al terremoto, con epicentro en San José del Palmar, el país respondió con solidaridad masiva. Brigadas improvisadas, albergues, colectas de barrio, donaciones de la ciudadanía y el sector privado, ayuda internacional y el aparato gubernamental funcionando a todo vapor.
Sin embargo, preocupa que con el tiempo la tragedia se convierte en presupuesto, contratos y obras que tardan años. Ahí es donde hemos fallado siempre, y no por falta de plata ni de ganas, sino porque no construimos instituciones pensadas para durar más que un gobierno.
Las cifras oficiales dan la medida del golpe. 289 fallecidos, 4.187 heridos, 143 desaparecidos y más de 120.000 familias damnificadas. El terremoto afecto 450 municipios en quince departamentos, con el daño concentrado en Chocó, Valle, Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. Casi 27.000 viviendas destruidas y otras 127.557 averiadas. Hay otros dos datos lamentables, 285 centros de salud y 2.838 sedes educativas dañadas, lo cual describe el estado en que estaba nuestra infraestructura pública antes de que se moviera la tierra.
Los diez retos, después del temblor
Antes del 10 de agosto ya sabíamos cuál era la lista de pendientes del país y esta no ha cambiado, lo que cambió es que cinco de esos frentes recibieron un golpe directo y los otros cinco quedaron esperando turno, que en política pública es otra manera de decir que empeoran solos.
Los que el terremoto golpeó de frente
- Sostenibilidad fiscal. La reconstrucción costaría unos 20 billones de pesos, cerca del 1% del PIB. La cifra podría ser manejable, pero venimos con un déficit de 6,4% del PIB en 2025 y proyecciones de 7,4% para este año. Fitch calculó esta semana que la reconstrucción suma medio punto más y que el ajuste necesario llega al 4% del PIB.
- Salud. Los 285 centros asistenciales averiados cayeron sobre un sistema que ya venía con EPS intervenidas y deudas acumuladas con las IPS.
- Educación. Casi 2.900 sedes comprometidas, la mayoría rurales, sobre un rezago que las pruebas internacionales llevan años documentando. Cada mes de clases perdido en el campo cuesta después varios años recuperarlo.
- Infraestructura vial. El daño se concentró en el corredor Pacífico–Eje Cafetero, justo donde la red secundaria y terciaria ya era el cuello de botella del agro, encareciendo el transporte y los alimentos.
- Corrupción. Un fondo de emergencia mueve billones con reglas de contratación flexibles, a toda velocidad y con poca trazabilidad, además que se pierde foco en la lucha contra estos flagelos debido a la inercia generada positivamente para atender la tragedia.
Los que quedaron esperando turno
- Seguridad territorial, en unas zonas donde el Estado ya competía con economías ilegales.
- Empleo y formalización, con microempresas destruidas en un país donde el 55% trabaja en la informalidad.
- Descentralización, con alcaldías desbordadas que hoy demuestran mejor que cualquier debate por qué hay que revisar el Sistema General de Participaciones.
- Matriz energética, que ahora compite por los mismos recursos escasos.
- Migración y vivienda, porque la población más vulnerable y migrante vive justamente en la vivienda más precaria.
Ya lo hicimos bien una vez
En 1999, el terremoto del Eje Cafetero costó cerca de 2,2% del PIB, más del doble que este en términos relativos. El país creó el FOREC, un fondo con administración delegada en organizaciones civiles, gerencias por zona, auditoría independiente y un cronograma de tres años. No fue perfecto, pero fue rápido, auditado y, sobre todo, con límite de tiempo.
El “Fondo Milagro” que anunció el presidente De la Espriella, junto con la emergencia económica del 12 de agosto, se inspira en ese modelo. Bienvenido sea. El fondo funcionó por su diseño de cuatro reglas que hoy deberían ser innegociables.
Que la gerencia del fondo sea técnica y esté separada del calendario electoral. Que cada contrato se publique en datos abiertos desde el primer día, y no en un informe posterior cuando ya nada se puede corregir. Que el decreto traiga escrita la fecha de terminación, porque los fondos de emergencia que no mueren terminan convertidos en burocracia. Y una cuarta, propia de 2026, que reconstruyamos mejor de lo que había.
Reponer 2.838 escuelas idénticas a como estaban es gastar 20 billones en volver al mismo punto.
Reponerlas con conectividad y con norma sismorresistente vigente convierte ese gasto en inversión, igual con vivienda y centros de salud.
Lo que se decide ahora
Es la oportunidad de crear un Consejo Económico y Social con gremios, academia y oposición, que blinde las obras estructurales a veinte años; de exigir contratación formal en cada obra financiada con el fondo, y así convertir la reconstrucción en una política de empleo; y de llegar con el Estado a Chocó, Cauca y el norte del Valle.
Los diez retos están identificados y discutidos hasta el cansancio, el terremoto no nos agregó un reto número once, por eso,
la pregunta que define este cuatrienio no es cuánto cuesta reconstruir, es si vamos a levantar el país que se cayó, y el que de todos modos teníamos que construir.
