Las recientes revelaciones de la prensa nacional han dejado en evidencia que el discurso del “cambio” y del “gobierno de los nadies” representó, en la práctica, un profundo retroceso en la moral pública. La supuesta ruptura ética con la que el Pacto Histórico ganó legitimidad ante los electores sirvió únicamente como pretexto para prolongar prácticas que confirman la vigencia y capacidad de mutación de El Régimen.
Las complicidades estructurales que denunció Álvaro Gómez Hurtado en los últimos años de su vida pública continúan vigentes, a tres décadas de su asesinato. Como sostenía Gómez.
El régimen no se agota en el gobernante de turno, sino en el sistema de prebendas y complicidades que lo sostiene.
Por más que el presidente saliente insista en arrogarse la exclusividad de la pureza política, la historia juzgará con severidad los múltiples casos de corrupción que ensombrecieron su administración; un periodo accidentado que constituyó una anomalía institucional que el país no debe volver a replicar.
La paradoja de esta administración, que afortunadamente concluye, radica en que los escándalos han rozado el núcleo de la propia familia presidencial. El entramado de complicidades del sistema parece neutralizar cualquier discurso moral, afectando a figuras de distintos perfiles y generaciones. Aunque por estricta convicción y coherencia conservadora corresponde apartarse de los agravios personales, es imperativo sumarse al juicio crítico sobre los manejos opacos y la evidente falta de mérito en la gestión de los recursos y espacios de poder.
El desafío para el nuevo ciclo político que emprende la nación radica en devolverle la dignidad y la ética al ejercicio público.
Es momento de reivindicar el postulado que Álvaro Gómez defendía: entender la política como un servicio esencial para la humanidad, y no como un mecanismo de ocultamiento para las complicidades partidistas.
