A lo largo del siglo XX, las democracias occidentales han experimentado tensiones y negociaciones en torno a las demandas laborales que buscan proteger a los trabajadores
frente a los empresarios. Esta tensión se basa en el reconocimiento de que los trabajadores son la parte más vulnerable en las negociaciones, por lo que las legislaciones han buscado
equilibrar la relación entre trabajadores y empresarios.
Colombia tradicionalmente reconoce este principio y el actual gobierno ha presentado una reforma laboral con el objetivo de mejorar las condiciones contractuales y de desempeño de
los trabajadores.
Sin embargo, esta reforma se distingue por su enfoque político, que va más allá de simples ajustes y beneficios para los trabajadores. Algunos de sus defensores la presentan como una
reivindicación de los más vulnerables, una revolución para el pueblo, mientras que otros la ven como una forma de recuperar opciones laborales del pasado. Los más radicales incluso
sugieren que el país carece de normas laborales que protejan los derechos de los trabajadores.
En este contexto, el gobierno se ha fijado como objetivo prioritario la aprobación de la reforma, que fue rechazada en el Senado. Como respuesta, el gobierno ha propuesto una consulta
popular, que pretende ser una herramienta para presionar al Congreso y reivindicar el carácter revolucionario del gobierno. Sin embargo, esta consulta genera tensión en la institucionalidad del país debido al carácter político, más que técnico, de sus propuestas.
La reforma en el Congreso y sus puntos polémicos
Ante esta situación, el Congreso ha retomado y presentado la reforma laboral y está discutiendo el Proyecto de Ley 311 de 2024, que modifica la Ley 50 de 1990 y la Ley 789 de 2002. Esta reforma aborda temas como la igualdad de género y el ajuste de la jornada laboral, proponiendo que llegue a 42 horas semanales, entre otros temas.
Dentro de los temas importantes se encuentran la revalorización del contrato a término indefinido, buscando la estabilidad laboral y limitando los contratos a término fijo.
Sin embargo, la polémica se centra en dar garantías laborales que resultan costosas, principalmente para las PYMES, y que por ende ponen a prueba el equilibrio económico
necesario para las empresas. Algunos puntos de discusión son:
– Prima legal por crecimiento económico: se busca que las empresas den una prima que oscila entre el 20% y el 40% de un SMLMV a los trabajadores si la empresa logra un crecimiento superior al 4%.
– Estabilidad laboral reforzada: con autorización judicial, se podría despedir a mujeres embarazadas, personas en situación de discapacidad y pre-pensionados.
– Recargo dominical del 100%: con aplicación gradual de 2025 a 2027.
– Limitación a 5 años para renovar contratos a término fijo.
– Regulación de las aplicaciones de trabajo de reparto: garantizando seguridad social, descanso y gestión de transparencia en los algoritmos.
– Modificación del trabajo nocturno: fijando su inicio a partir de las 7:00 p. m., antes iniciaba a las 9:00 p. m.
El dilema entre la protección y la productividad
Sin duda, muchas de estas medidas tienen una intención loable para mejorar las condiciones laborales. Sin embargo, su aplicación y el contexto económico hacen que su aplicación resulte en el aumento de la informalidad y el desempleo, dado que los costos se incrementan en demasía, sobre todo para las PYMES. Esto podría llevar a que los costos se pasen a los precios finales al consumidor. Además, el entorno de altos impuestos que ha fomentado el actual gobierno hace que esta propuesta laboral sea una carga gravosa que atenta contra la productividad de las empresas. Dicho de otra forma, el escenario tributario y laboral terminan asfixiando al empresariado y, en el mediano plazo, afectando el trabajo, dado que no crea empleo y puede incluso destruirlo debido a los costos asociados con esta nueva reforma.
Sería más fácil este tipo de propuesta si el entorno tributario fuera mucho más suave y se facilitara la movilidad laboral.
“Es importante apoyar a los más débiles, pero sin ahogar las fuentes de riqueza del país, que son las empresas.”
Esta tensión hace que el gobierno quiera imponer, en lugar de entablar un diálogo de verdad con el sector empresarial, y a su vez mina la creación de empleo, bajo la visión simplista de
reformar sin tener claro lo que realmente se puede alcanzar.
La reforma laboral colombiana se encuentra en una encrucijada, entre la noble intención de proteger al trabajador y la imperativa necesidad de mantener la
competitividad empresarial. El desafío radica en encontrar un equilibrio que no solo dignifique las condiciones laborales, sino que también fomente la inversión y la generación de empleo, pilares fundamentales para el desarrollo sostenible del país. La discusión en el Congreso será crucial para definir si esta reforma se convierte en un avance genuino o en un obstáculo para la prosperidad de Colombia.
