El gobierno que asume en Colombia llega con un mandato inusualmente claro, recuperar la seguridad, rescatar el sistema de salud y apostarle a la inversión privada. Es un diagnóstico difícil de discutir y una hoja de ruta que merece respaldo, lo que pasa es que
todo mandato claro corre el mismo el riesgo de que la claridad del mensaje haga parecer simple la tarea.
Y lo que este gobierno recibe, ya viene cargado de límites que no fabricó pero que tendrá que administrar.
El primer límite es fiscal, y es el que menos margen de maniobra deja porque no admite relatos. El déficit fiscal del Gobierno Nacional Central que recibe la nueva administración cerraría 2026 entre 6,5% y 7% del PIB, muy por encima de la meta oficial de 5,1%, según las proyecciones más recientes de Bancolombia. La deuda pública bruta rondaría el 61% del PIB, dos puntos por encima de lo estimado por el propio Ministerio de Hacienda saliente, de acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. El Carf ya advirtió que, sin una corrección estructural antes de que termine la década, el déficit primario podría llegar a 5% del PIB hacia 2030 y la deuda treparía hasta 87%. La mayor parte de ese gasto está concentrada en transferencias, subsidios y funcionamiento, rubros que ningún gobierno nuevo reduce por decreto, sino con reformas que toman tiempo, negociación en el Congreso y costos políticos que no se pagan de inmediato. Rescatar la salud y sostener la inversión pública sobre unas cuentas así exige primero ordenar el gasto, y ese ordenamiento es la parte menos vistosa del nuevo gobierno y la que más define si el resto de su programa es viable.
El segundo límite que recibe es territorial, y ahí las cifras son peores. La Defensoría del Pueblo ha alertado presencia de grupos armados en 71% de los municipios del país, la Fundación Ideas para la Paz calcula que estas estructuras suman ya cerca de 27.000 integrantes, un crecimiento de 23,5% en un solo año, y que 2025 registró el nivel más alto de enfrentamientos entre grupos ilegales en una década. Un foro reciente de la Fundación Acordemos y El Espectador documentó que en 168 municipios los grupos armados influyen directamente en la elección de congresistas, y que entre 7% y 10% del valor de los contratos de obra pública en zonas con presencia armada termina en manos de esas estructuras como condición para ejecutar los proyectos.
Recuperar ese territorio no se logra con una orden de operaciones ni con un cambio de discurso desde Bogotá, sino con presencia institucional sostenida, justicia eficaz y una oferta económica legal que le compita a la coca y a la minería ilegal donde hoy no hay competencia posible.
El tercer límite es el más difícil de medir porque no tiene indicador oficial, pero cualquiera que haya seguido la transición lo reconoce, el gobierno entrante llega a gobernar una sociedad polarizada, crispada, dividida, donde cada decisión corre el riesgo de leerse no por sus méritos técnicos sino por la trinchera desde la que se emite. Y aquí está el punto que de verdad importa distinguir, el mandato popular que recibió este gobierno no debe derivar en populismo, pero tampoco puede convertirse en miedo a la política ni en una guerra declarada contra ella.
Gobernar con firmeza frente a una herencia difícil no es lo mismo que gobernar contra las instituciones que hacen posible la democracia.
La diferencia entre un mandato fuerte bien ejecutado y uno que termina erosionando lo que promete arreglar está en ese matiz.
Lo que sí es exigible al gobierno entrante, y lo que puede convertir una herencia difícil en un gobierno eficaz, no es una fórmula mágica sino una disciplina concreta. Mayor transparencia y rigor técnico en la administración del Estado, para que cada peso del ajuste fiscal que viene se pueda justificar. Una línea de gobierno explícita que ordene las políticas públicas en vez de improvisarlas caso por caso, para que los ciudadanos tengan certidumbre de reglas. Y un diálogo permanente, como mecanismo real de legitimación, que permita que un actuar firme frente al crimen organizado y a la crisis fiscal sea a la vez generoso con quienes no comparten la propuesta política del nuevo gobierno.
El mandato que recibió este gobierno es claro, lo recibió junto con una de las herencias fiscales, territoriales y sociales más difíciles de la Colombia reciente.
El legado de este gobierno se medirá por su eficacia transparente y realista.
