Ante el impecable documental, hecho serie a través de HBO, sobre el proceso 8000 en los años 90 en los tiempos de la presidencia de Ernesto Samper, en el cual se detalla y recuerda cómo el narcotráfico empezaba a ser determinante en la política, en las elecciones, en fin, en el ejercicio del poder.
Es evidente que con el pasar de las décadas, treinta años después, el problema se ha venido agravando, mutando, haciendo metástasis y en algunos casos los mismos actores del escándalo en los años 90, siguen teniendo injerencia política en la actualidad.
El proceso 8000 en el cual se demuestra que sí ingresaron dineros del narcotráfico, representado por el cartel de Cali, para financiar la campaña Samper Presidente, y que dichos recursos fueron determinantes para el triunfo en segunda vuelta del Samperismo, viéndose en retrospectiva, pareciese que fuera un caso único en nuestro devenir republicano, sin embargo se puede afirmar que era la manifestación de un tumor que apenas empezaba a crecer y a contaminar el organismo político e institucional de Colombia.
El poder a cualquier precio es la consigna que inauguró Samper, y la cual tenía de andamio los recursos del narcotráfico.
Estos recursos se han ido esparciendo como cáncer en la vida política del país, contaminando no solo campañas presidenciales, también campañas regionales y municipales, financiando a grupos paramilitares, financiando a las guerrillas comunistas, y sobre todo mutando la forma como penetra en los activos del sector privado para garantizar su circulación y poderío.
La financiación del narcotráfico a grupos paramilitares se hace evidente a inicios de la década del 2000 y por ende surge el escándalo de la “parapolítica” (grupos identificados como de derecha y anticomunistas) la cual incidía en la política de las regiones favoreciendo a políticos de diversos partidos, tomando los presupuestos locales como botín y ampliando el terror en las comunidades que no se acogieran en los territorios de su influencia.
Al mismo tiempo se demostró cómo las guerrillas, principalmente las FARC y el ELN se financiaban del narcotráfico no solo para sostener a sus hombres y sus capacidades operativas, también para lograr victorias mediáticas de naturaleza política que les permitieran una mejor forma de negociar con el gobierno, todo como parte de la combinación de las formas de lucha. A nivel territorial su influencia se ejercía por el terror, el miedo, pero también por la cooptación de grupos de población vulnerables que tienen como fuente de vida el sembrar la coca, ser proveedores del insumo básico y transformar la materia prima en pasta de coca en las denominadas “cocinas”, con lo cual se garantizaba la cadena de suministro para el comercio internacional. Por tanto los recursos obtenidos por el tráfico de drogas permitían sostener la lucha armada y garantizar la influencia política.
Con el pasar de los años de estos grupos, tanto de “paras” como de guerrillas, se desprenden grupos delincuenciales que participan de la cadena de narcotráfico, no solo con miras a satisfacer el comercio internacional de alucinógenos, también para satisfacer el consumo local y por ende la apropiación de territorios, principalmente urbanos, para garantizar su comercio.
Estas redes se van enlazando entre sí y, pese a los procesos de paz, primero con los paramilitares y luego con las FARC, se termina dando el estatus político a bandas criminales, las cuales terminan favorecidas por el gobierno Petro en la llamada “Paz total”.
Este recuento sirve para sintetizar que
El poder de los dineros del narco sigue siendo influyente en la política regional y nacional.
Y que muchos actores del proceso 8000 siguen teniendo influencia política en los actuales acontecimientos. Y esa influencia se expresa en lo que se denomina como el “Pacto de la Picota”, en la cual el hermano del candidato Gustavo Petro visitó las cárceles para ofrecer trato político y preferencial de sus casos a cambio de influir en las votaciones de su influencia a favor del candidato del Pacto Histórico. La confesión no pedida, pero sí grabada de Benedetti señalando que recibieron 15 mil millones de pesos para la campaña, los dineros dados por el “hombre Marlboro” al hijo de Gustavo Petro, senadores compartiendo tarima con jefes de las oficinas de narcos, demuestran que el mal se ha venido agravando.
Finalmente, la corrupción y el uso de recursos públicos en la reciente elección presidencial en la cual participó el candidato Iván Cepeda, los grupos financiados por el narco, no solo expresan simpatías por el candidato de izquierda, también ejercen presión armada en las regiones de influencia para determinar el sentido de las elecciones, lo que se ha denominado “el voto fusil”.
La invasión de los recursos del narco sobre el cuerpo político del país se ha venido afianzando en la cultura política del país.
En los negocios, en el mal comportamiento de los ciudadanos, en la inseguridad en últimas en una cultura corrupta que todo lo estropea y deteriora.
Las trazas del 8000 se expresan en hechos como los apoyos de Ernesto Samper a Petro y al candidato Iván Cepeda, la participación de Juan Fernando Cristo y de Benedetti en el gobierno, este último por los apoyos de su familia al gobierno del elefante en aquella época. Esto es el reflejo que muchos actores continúan no solo con influencias, también vigentes, con poder.
Finalmente, la gravedad de los acontecimientos de los últimos 4 años y el desastre del gobierno, es que en realidad no hay investigaciones serias sobre la corrupción en la elección de Petro, los acuerdos con facinerosos del “Pacto de la Picota”, con el ropaje de impunidad que dio la falsa “paz total”, con la corrupción y la pésima gestión de la izquierda. El actuar de la justicia parece que también se ha contaminado de estas malas influencias, pues por lo menos en el proceso 800 se intentó juzgar al presidente y lograr determinar sus responsabilidades.
Lo más ruinoso del asunto parece que, como sociedad la influencia del narcotráfico y la corrupción se ha vuelto parte del paisaje y se ha hecho costumbre que “la política es así”.
Muchos jóvenes la justifican, y lo peor, seguir tolerando que como Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez quede en la impunidad el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Pues también en estas épocas un candidato a la presidencia es asesinado.
Quiera Dios que el nuevo gobierno reforme la justicia, fortalezca las instituciones y se blinde ante la corrupción, elimine las mal llamadas “disidencias” de las FARC, el ELN y demás bandas, pues es necesario detener la metástasis del narcotráfico y la decadencia en la que ha caído la sociedad colombiana.
El país necesita una quimioterapia urgente.
