En la historia política colombiana, existe una tradición malsana: la de creer que cada crisis de liderazgo se soluciona mutando nuestra Carta Magna. Desde la Constitución de 1821, pasando por la que nació muerta en 1830, hasta las de 1843, 1851, 1858 y 1863, nuestro país ha vivido en una constante inestabilidad jurídica. Solo la Constitución de 1886 logró, milagrosamente, ser centenaria, hasta que su propio agotamiento nos trajo, en 1991, el marco normativo que hoy rige nuestra convivencia.
Sin embargo, hoy escuchamos voces desde el Gobierno que, con fines electorales, sugieren que necesitamos una nueva constituyente. Es un error peligroso y un profundo desconocimiento de nuestra historia.
La Constitución del 91 no nació de un capricho populista; nació del dolor.
Los problemas que la hicieron necesaria se gestaron desde 1948, cuando la polarización política degeneró en una violencia partidista que los propios partidos tradicionales —liberales y conservadores— alimentaron al convertir a guerrillas y paramilitares en sus aparatos armados no oficiales. Ese clima violento engendró una dictadura populista, seguida por el Frente Nacional, un pacto de alternación que, aunque buscaba paz, excluyó a movimientos como la ANAPO y dejó sin atender males estructurales que, para los años 80, terminaron en la hecatombe: la expansión de guerrillas comunistas, el paramilitarismo de ultraderecha y el crecimiento del narcotráfico bajo el silencio cómplice del Estado.
La ANC de 1991 fue el grito de una sociedad que no daba más.
Fue el movimiento de la “Séptima Papeleta”, liderado por estudiantes independientes —incluso contra la feroz oposición de figuras del establishment como López Michelsen—, el que logró convocar al país. La conformación de esa Asamblea fue un milagro de inclusión: liberales, desmovilizados del M-19, el movimiento de Álvaro Gómez Hurtado, el conservatismo de Misael Pastrana y sectores sociales como indígenas y cristianos se sentaron a pactar las reglas del juego. Eso garantizó el pluralismo que hoy disfrutamos.
¿Por qué en 1990 funcionó y hoy no? La respuesta es sencilla: porque Colombia no la necesita. La constituyente que el Gobierno presentó y luego escondió —porque era irracional e impopular— no buscaba el bienestar nacional, sino la perpetuación de un proyecto político. Hoy, la solución no es la aniquilación moral o física del adversario, en la que ha caído la derecha outsider, ni tampoco es el populismo irresponsable del actual Ejecutivo.
La solución es la aplicación de la Constitución del 91 en su integridad. Es recuperar el “acuerdo sobre lo fundamental” que propuso Álvaro Gómez Hurtado y entender que nuestro marco legal es el fruto de décadas de sangre y fuego.
Jugar a ser Dios, al estilo de los mesías irresponsables, no nos llevará a la paz, sino a repetir los errores que nos han tenido al borde del abismo por casi un siglo.
