No debe haber lugar a dudas: Maduro y el chavismo gobernaron Venezuela como una dictadura brutal. La erosión sistemática de la democracia comenzó con manipulaciones legales, persecución de opositores y control de poderes del Estado, y terminó en un régimen que reprimió protestas, encarceló adversarios y desarticuló instituciones deliberativas. La democracia venezolana no solo colapsó; fue desmantelada.
Lo que está ocurriendo ahora es consecuencia directa de ese vacío institucional y del fracaso absoluto del multilateralismo. La ONU, la OEA y otros mecanismos regionales fueron incapaces de contener a la dictadura, mediar una transición pacífica o garantizar justicia. La diplomacia tradicional no logró frenar la represión ni restaurar un proceso democrático creíble — y en esa ausencia de acción efectiva, se abrió un espacio que terminó siendo ocupado por fuerza externa.
La operación militar de Estados Unidos que llevó a la captura de Nicolás Maduro no es algo que deba celebrarse sin condiciones, pero es comprensible y defendible en el contexto de un régimen que abusó del poder tanto interna como externamente, y cuando los mecanismos multilaterales fallaron sistemáticamente. Gobiernos autoritarios no caen solos: tienden a consolidarse hasta que alguna fuerza — interna o externa — los desactiva. En este caso, fue una intervención que, aunque controvertida, actuó sobre un liderazgo que había permanecido impune ante crímenes contra su pueblo y violaciones flagrantes de derechos humanos.
Para Colombia, esto no es una abstracción. La crisis venezolana ya dejó una profunda huella: millones de migrantes, presión sobre servicios públicos, tensiones en la frontera y economías informales interconectadas. Una transición desordenada —o una prolongada tutela extranjera mal diseñada— puede agravar esas dinámicas. Pero también es cierto que la desaparición de un régimen autoritario puede abrir espacio para reconstruir instituciones, fortalecer la gobernanza y reinsertar a Venezuela en la economía regional de forma más ordenada.
El verdadero campo de batalla no estaba en un palacio presidencial, sino en el control de recursos estratégicos —especialmente el petróleo— y en la capacidad del Estado para generar ingresos y servicios para su gente. Un Estado que no funciona no puede proteger ni prosperar. El desafío ahora es aprovechar este momento para apoyar una transición institucional que devuelva a los venezolanos la soberanía real sobre su futuro.
La intervención estadounidense no es un ideal deseable per se, pero ante el colapso de los mecanismos multilaterales y la persistencia de una dictadura que violó sistemáticamente las libertades más básicas, fue una acción comprensible y, en muchos sentidos, necesaria. El objetivo debe ser claro: no solo remover a un dictador, sino crear condiciones para una transición democrática con instituciones fuertes, transparencia y respeto por el derecho.
Esta es una lección para Colombia, América Latina y el mundo: los dictadores no se rinden ante resoluciones de papel, y cuando las instituciones multilaterales no cumplen su propósito, la inacción tiene un costo humano y político enorme. Ahora debemos aprovechar este momento para reconstruir las reglas que permitan reemplazar el autoritarismo con democracia real, no solo fuerza momentánea. Clave a nivel global fortalecer la capacidad de acción del multilateralismo.
