Cada día, las palabras del presidente de Colombia, Gustavo Petro, son una provocación para los periodistas, los políticos, un reto a las instituciones y un engaño para la comunidad.
Sin embargo, más allá de los mensajes en redes sociales, lo que preocupa son las motivaciones, maquinaciones y objetivos poco claros sobre la política que persigue el inquilino de la Casa de Nariño. Agregando los llamados a la confrontación y a la promoción del miedo, bajo el sofisma de que el presidente representa al “pueblo”. Solo él lo conoce, solo él y los suyos son el pueblo. Los demás, que no acompañan sus ideas y sufren el desastre de gobierno, no caben en esa categoría. Son “otros”, como apelativo más suave, son “los blanquitos”, “los riquitos”, “los esclavistas”. Sobre esta base, empodera un discurso de tensión para salir a vociferar que él es el único que puede guiarnos, que puede salvarnos, que los problemas del país son tan grandes que por fin llegó un “mesías” que lo cambiará todo, hasta la constitución, para bien del “pueblo”. Esta descripción deja como conclusión la necesidad de tensión social y presión política para maquillar los malos resultados, desvirtuar la incapacidad de gobernar y ocultar su afán de seguir en el poder.
La Tensión Social
Desde la reforma tributaria, que argumentaba cobrar impuesto a los ricos y gravar la comida bajo el llamado “impuesto saludable”, los colombianos han venido sintiendo la pérdida de poder adquisitivo: menos canasta familiar, un sueldo que no alcanza y un apretón económico generalizado.
El encarecimiento de los créditos del ICETEX ha imposibilitado el acceso libre a la educación que los jóvenes deseen. Las promesas incumplidas en la mejora de la educación pública y la incertidumbre que genera han llevado a que muchas más personas hayan salido del país en comparación con períodos anteriores, y muchos otros empiezan a contemplar esa posibilidad.
Pero los niveles de tensión social llegan a su punto máximo con el desbarajuste del sistema de salud, que es quizás uno de los temas que más angustia genera en la gente. Cada día es más difícil acceder a medicamentos, servicios médicos generales y especializados, y la pérdida de camas por el cierre de clínicas y hospitales debido a las deudas que acumula el sistema. Aunado a esto, las intervenciones de la EPS por parte del gobierno, que lejos de solucionar han empeorado la situación iniciada por el mismo gobierno, buscan concentrar los recursos de
la salud en un modelo estatizado para el control del gobierno y los políticos adictos a la mermelada.
La anti-técnica reforma pensional, que es más un expolio al ahorro de los colombianos que una solución a mediano plazo al tema de pensiones, se justifica con maquillaje en pensiones
para los ancianos, pero al final resulta en una concentración de recursos en el gobierno y la pérdida de recursos para las personas que los han ahorrado durante los últimos 30 años.
Presión Política
Desde el llamado pacto de la picota y la renombrada paz total, se hace más palpable la alianza del presidente con los grupos ilegales y criminales. Los resultados son evidentes: más hectáreas de coca sembradas en el país, el sur de Colombia tomado por las disidencias de las FARC, el Catatumbo dominado por el ELN (protegido por el régimen de Maduro) y los carteles del narcotráfico con un negocio cada vez más próspero y menos perseguido. Como consecuencia, la inseguridad ciudadana, la extorsión, el secuestro y la delincuencia común se
han desbordado, sembrando el miedo entre la población. El premio es la zona binacional, de oscuros objetivos.
A este ambiente de miedo se le suma la presión a las instituciones, que están siendo presa de una serie de chantajes políticos. Se revive en el Senado la reforma laboral, luego de un llamado a una consulta popular. Se presiona para romper la regla fiscal y se aprueba la reforma pensional luego de una petición por parte de la Corte Constitucional para subsanar fallas de trámite. Todo esto, luego del llamado a una asamblea constituyente.
Las maromas jurídicas para tergiversar el derecho y sustentar cambios en la Constitución, junto con la convocatoria a consultas bajo promesas del ejercicio directo del poder por parte del “pueblo”, por encima de la Constitución, que bajo esta lógica se vuelve casi innecesaria, solo profundizan la crisis.
El tema de más “éxito” para el gobierno, y su disculpa para garantizar su convocatoria política y seguir en el poder, es la llamada “paz total”. Sin embargo, en realidad es un éxito para los grupos ilegales y de narcos y las guerrillas, pero un fracaso para las comunidades, las fuerzas militares y de policía, y para la paz misma.
El fracaso se evidencia en los conflictos entre guerrillas por el control de rutas del narcotráfico en el Catatumbo, la debacle social y de seguridad del Cauca y del Valle del Cauca, y en general el sur del país, debido al terrorismo y el control de la droga desatado por las disidencias de las FARC.
La presión más evidente es el infame atentado a Miguel Uribe, que ha generado una gran preocupación en la sociedad, poniendo en duda las garantías electorales para las próximas
elecciones de 2026 y fomentando un clima de miedo y desesperanza entre los colombianos.
Las fallidas relaciones internacionales, que buscan apartar a Colombia de sus aliados estratégicos tradicionales para establecer alianzas sin rigor técnico y con un fuerte sesgo ideológico, se suman a la opaca visita de Petro a la ciudad de Manta en Ecuador, la crisis de los pasaportes y el relajamiento en los requisitos para nombrar personal en el manejo de las relaciones exteriores y servicios consulares. La conformación de una zona binacional en alianza con el régimen de narcodictadura venezolano, es muy disiente de los cambios sobre la
institucionalidad del país. Y claro llamados de guerra y conflicto con el Perú, por los límites en el río Amazonas, condimentan la situación de zozobra sobre el futuro del país.
Este resumen de malas acciones por parte del gobierno debería llevar al país a una reflexión profunda sobre nuestra libertad, que está siendo atacada, golpeada y menospreciada por el petrismo.
Mantener la libertad implica fortalecer el Estado de Derecho, la democracia, la propiedad privada, la iniciativa individual y, sobre todo, brindar protección a cada una de las familias colombianas que aspiran a un bienestar espiritual, social y económico para sus hijos.
“El poder presidencial actual no puede ser el sable que corte los hilos de nuestra libertad.”
Los empresarios, los estudiantes, los políticos, la iglesia y la sociedad en general deben plantar cara a los nubarrones dictatoriales que se ciernen sobre el país.
No perdamos la libertad, no perdamos a Colombia.
