En febrero de 1986, las pantallas de la televisión colombiana transmitieron un hito de la cultura democrática del país: el primer debate presidencial televisado de nuestra historia. En aquella jornada, Álvaro Gómez Hurtado y Luis Carlos Galán Sarmiento confrontaron sus visiones de Estado no mediante la descalificación personal, sino a través del rigor argumentativo y la agudeza intelectual. La ausencia estratégica de Virgilio Barco Vargas —quien a la postre resultaría electo como el último genuino representante de la hegemonía liberal clásica— no restó solemnidad al encuentro. Aquel debate se daba en una Colombia profundamente convulsionada, que transitaba por el complejo epílogo del Frente Nacional y las tensiones de los procesos de paz de la década; sin embargo, los sectores civilistas mantuvieron la altura de la deliberación racional como el núcleo de la legitimidad política.
La pedagogía electoral de la época no se limitaba al espacio del set de televisión, sino que forma parte de una doctrina de persuasión ciudadana. El propio Álvaro Gómez Hurtado, en mayo de ese mismo año, shattered la complacencia del statu quo al sintetizar el deber ser de la contienda con una lucidez que hoy estremece: “Hay que forzar la dialéctica para que la gente lo siga a uno por convencimiento, sin sobornar votos, sin comprarlos, como se hizo en las elecciones pasadas”. Para el desaparecido líder, el triunfo solo era digno si se lograba mediante la victoria de las ideas en el plano de la razón.
Cuatro décadas después, si un ciudadano repite la operación de observar la contienda, ya no desde un receptor de tubos sino a través de los dispositivos digitales, la fractura con aquel pasado es absoluta. La paradoja contemporánea es evidente: mientras que el ecosistema mediático actual ofrece una mayor diversidad en los orígenes, vertientes y representaciones identitarias de los aspirantes, la calidad de la deliberación ha sufrido una regresión hacia la bajeza.
Los sectores que lideran las tendencias estadísticas optan con frecuencia por el ausentismo en los escenarios tradicionales de debate, fracturando el principio democrático de la rendición de cuentas y la confrontación de programas. Cuando deciden comparecer, suelen refugiarse en nichos de opinión específicos, dinámicas que operan como escampaderos editoriales y cámaras de eco diseñadas para evitar el cuestionamiento de fondo.
Este fenómeno de vaciamiento programático ha permeado toda la escala de la competencia, sustituyendo la pedagogía electoral por el ataque sistemático.
Por un lado, la narrativa oficialista —respaldada por la movilización de los recursos estatales y la apelación constante a la base presupuestal— recurre a una retórica de polarización dicotómica. Lejos de la contención institucional que exige la jefatura de Estado, hemos presenciado cómo el propio presidente Gustavo Petro desborda las fronteras legales de la participación en política al intervenir directamente en el devenir electoral bajo la premisa: “Espero que la ciudadanía no venda el voto, venderlo es elegir al verdugo”. Al amparo de esta tónica, el discurso gubernamental se ha articulado en torno a una fijación opositora hacia el máximo referente de la derecha tradicional del país, sustituyendo la propuesta de políticas públicas por una dialéctica basada en la desarticulación y anulación simbólica del adversario. Bajo la bandera conceptual de la concordia, se instrumentaliza una plaza pública donde la diferencia ideológica es catalogada como un obstáculo a erradicar, simplificando los problemas estructurales de la nación en consignas de confrontación faccional.
En la orilla opuesta, el liderazgo emergente que capitaliza el descontento de la centroderecha incurre en una transgresión de las formas institucionales. La adopción de un lenguaje de grueso calibre y la hostilidad discursiva contra el establecimiento obvian un principio fundamental de la sociología jurídica: la obligación moral, ética y social del jurista de mantener el decoro en la esfera pública.
La compostra ya no es vista como una virtud civil, sino como una debilidad ante la masa digital.
Lo verdaderamente sintomático de esta crisis institucional no radica exclusivamente en el comportamiento de los actores políticos —quienes ahora refinan la guerra sucia mediante el uso de herramientas de Inteligencia Artificial—, sino en la aquiescencia de la base social. La ciudadanía contemporánea ha comenzado a validar, mediante la viralidad y el aplauso digital, conductas que en el pasado habrían significado el suicidio político de cualquier aspirante.
En 1986, Colombia enfrentaba retos mayúsculos en materia de orden público y cohesión social, pero el debate preservaba un código no escrito de respeto mutuo y reconocimiento de la legitimidad del oponente. El apretón de manos al final de la jornada no era un acto de claudicación ideológica, sino la ratificación de que las reglas del juego democrático operaban por encima de las contingencias partidistas.
Hoy, ante un panorama que parece inalterable en las encuestas, la conciencia colectiva enfrenta una alarmante normalización: el triunfo electoral ya no se persigue mediante la persuasión o la superioridad de los proyectos de país, sino a través del desmantelamiento moral e implacable del rival.
La degradación de la palabra pública nos advierte que estamos ganando elecciones a costa de perder la República.
